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Belinchón no parte de cero. El municipio concentra en su término en torno a 600 MW de potencia fotovoltaica instalada, una escala que lo sitúa como uno de los principales nodos solares del país. Este despliegue ha tenido un impacto directo en las arcas municipales: según el propio ayuntamiento, los ingresos derivados de la actividad energética han permitido equiparar su presupuesto al de una localidad de unos 10.000 habitantes, reducir impuestos y mejorar infraestructuras, en paralelo a un crecimiento demográfico cercano al 30%.
Sin embargo, persistía una paradoja evidente: la energía producida en el territorio no se consumía necesariamente en él.
El nuevo enfoque busca corregir ese desequilibrio. El autoconsumo colectivo plantea que parte de la generación solar se destine a cubrir la demanda local, compartiendo la energía entre hogares y edificios públicos. En términos teóricos, esto permitiría reducir la factura eléctrica, aumentar la autonomía energética y acercar los beneficios de las renovables a la población.
Este cambio ya empieza a concretarse. El municipio ha impulsado un proyecto de autoconsumo de 600 kW —repartido en varias instalaciones— con una inversión estimada en torno a 600.000 euros. Las primeras previsiones apuntan a reducciones de entre el 70% y el 80% en la factura eléctrica para los usuarios participantes.
El contraste, sin embargo, es revelador. Frente a los cerca de 600 MW instalados en el municipio, este primer proyecto representa apenas 0,6 MW. Más que un cambio inmediato de escala, lo que Belinchón está ensayando es un cambio de modelo: pasar de ser un territorio que alberga generación a uno que empieza a capturar parte de su valor.
El salto no es trivial. El autoconsumo colectivo introduce retos técnicos, regulatorios y sociales relevantes: desde el diseño del reparto energético hasta la financiación inicial o la gestión de quién participa y en qué condiciones. La promesa de democratizar la energía dependerá, en gran medida, de cómo se resuelvan estas cuestiones.
Además, conviene distinguir entre potencial y resultado. Mientras que el impacto de las plantas solares en los ingresos municipales es observable, los efectos del autoconsumo colectivo aún están por demostrarse a escala local.
Aun así, el movimiento de Belinchón apunta a una cuestión de fondo en la transición energética: no basta con producir energía limpia; el debate clave es cómo se distribuye su valor.
Si el proyecto prospera, el municipio podría convertirse en un caso relevante de evolución del modelo rural energético en España: de territorio que alberga infraestructuras a territorio que participa activamente en sus beneficios.
La pregunta, en última instancia, no es técnica, sino política y económica: ¿quién se beneficia de la energía que se produce en un territorio?
Belinchón empieza a ensayar una respuesta distinta.
