Podemos publicó ayer un documento -"propuesta
de gobierno"- que ahora mismo están leyendo, con mucho detenimiento, en
el PSOE, partido con el que los de morado podrían acabar (o no)
gobernando. El caso es que la propuesta que ha publicado Podemos no se
anda -en materia de energía- con muchos rodeos. Para empezar, por
ejemplo, Iglesias y compañía quieren aplicarle a todas las tecnologías
de generación de electricidad la misma medicina que el Ejecutivo Rajoy
le ha aplicado a las tecnologías renovables: dícese rentabilidad
razonable.
.
- El establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas
oligopólicas en el sistema eléctrico, y específicamente la integración
vertical. En particular, se separará la propiedad y la gestión de las redes de distribución.
- La modificación del marco regulatorio y del mercado eléctrico de
modo que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una
retribución razonable basada en los costes reales de producción. Esta
retribución proporcionará ventajas comparativas a las fuentes de menor
impacto ambiental. Además, el nuevo marco terminará con los
“beneficios caídos del cielo” (también conocidos como windfall profits)
de las centrales nucleares e hidroeléctricas.
- La elaboración de un plan detallado con el objetivo de tener un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. La política en el ámbito del sector eléctrico será coherente con la consecución de ese plan.
- La derogación de todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico
que no tengan justificación, como las previstas en el R. D. 900/2015, y
la revisión de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Se aprobará una
legislación del autoconsumo de modo que:
a) La energía autoconsumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición.
b) La energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por la empresa comercializadora.
c) Los trámites administrativos sean ágiles.
d) Se permitan instalaciones compartidas; por ejemplo, entre viviendas de una misma comunidad de vecinos.
- La planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores.
- La determinación del número de centrales de ciclo combinado imprescindibles. El resto de ellas no recibirá pagos por capacidad.
- El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de
Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de
centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024.
