Durante años, la conversación sobre nuevos centros de datos en España se ha centrado en una pregunta:
¿Hay potencia eléctrica disponible?
El nuevo Real Decreto 731/2026 introduce otra cuestión mucho más interesante:
Si la capacidad es limitada, ¿qué proyecto debería utilizarla?
Y eso puede cambiar las reglas del juego.
El Gobierno reconoce expresamente que el despliegue renovable español está atrayendo inversiones de elevado consumo eléctrico, citando específicamente los centros de procesamiento de datos y el hidrógeno renovable. Al mismo tiempo, advierte de que la demanda de acceso y conexión puede superar la capacidad disponible en determinados nudos.
La respuesta regulatoria es significativa: establecer una gobernanza que permita priorizar proyectos con mayor impacto positivo sobre la economía y mayor contribución a la autonomía y liderazgo industrial de España.






