Mientras Microsoft reclama diálogo y seguridad jurídica, las cinco grandes organizaciones ecologistas españolas exigen recuperar la ambición ambiental del Real Decreto. Dos posiciones aparentemente enfrentadas que plantean una pregunta fundamental: ¿cómo integrar la creciente demanda eléctrica de la inteligencia artificial sin encarecer la energía ni comprometer las inversiones?
España se encuentra ante una decisión estratégica.
El crecimiento de los centros de datos y de la inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para atraer inversión, desarrollar infraestructuras digitales y reforzar su posición tecnológica en Europa.
Pero también plantea un desafío energético de primera magnitud.
¿Cómo incorporar grandes consumidores eléctricos a un sistema que está acelerando su transición hacia las renovables, sin trasladar costes adicionales a la industria y los hogares?
El debate sobre el nuevo Real Decreto de centros de datos acaba de incorporar dos posiciones especialmente significativas.
Por un lado, Microsoft, que respalda la necesidad de regular, pero reclama diálogo y seguridad jurídica.
Por otro, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Amigas de la Tierra, que consideran que las flexibilizaciones introducidas por el Gobierno debilitan las garantías ambientales.
A primera vista, parecen planteamientos difíciles de reconciliar.
Sin embargo, ambos identifican problemas reales.
Y precisamente ahí puede encontrarse la oportunidad para diseñar una regulación mejor.
