El Gobierno de PP y Vox propone un nuevo gravamen sobre los grandes parques fotovoltaicos. Bajo el argumento de proteger el territorio, introduce una carga fiscal que puede perjudicar la competitividad energética, desincentivar inversiones y castigar incluso a quienes realizan mayores esfuerzos de integración ambiental.
Un impuesto difícil de justificar en plena transición energética
España tiene una de las mayores oportunidades energéticas de su historia: convertir sus abundantes recursos renovables en electricidad competitiva para familias, industrias y nuevas actividades económicas.
La energía solar está contribuyendo a reducir los precios del mercado mayorista durante las horas de mayor producción. Su expansión también está acelerando el desarrollo del almacenamiento energético, la electrificación industrial y nuevos modelos de gestión de la demanda.
Sin embargo, mientras España necesita atraer inversiones para consolidar esa ventaja competitiva, el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León propone aumentar la presión fiscal sobre una de las tecnologías que la hacen posible.
La medida, incluida en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, amplía el Impuesto sobre la Afección Medioambiental a los parques fotovoltaicos destinados principalmente a vender electricidad a la red.
Las tarifas propuestas oscilan entre 600 y 2.000 euros anuales por hectárea, según la superficie ocupada.
La Junta presenta el gravamen como una herramienta de compensación ambiental basada en el principio de que quien contamina debe pagar.
El problema es que el impuesto no mide la contaminación, ni la pérdida de biodiversidad, ni el impacto ecológico efectivo. Grava fundamentalmente la superficie ocupada.
Y esa diferencia no es un detalle técnico. Es la principal debilidad de toda la propuesta.
