En un país que gasta 120 millones de euros diarios en importar combustibles fósiles y que tiene una alta dependencia energética del exterior, ya que importa más del 70% de la energía que se consume, parecería razonable que existiera una política energética clara enfocada al ahorro energético y al desarrollo sin trabas de las energías renovables. Una energía limpia que ha demostrado su viabilidad económica y que en España tenemos en abundancia. Nada más lejos de la realidad. Vivimos una situación que, al menos, es paradójica.
Una instalación FV domestica para autoconsumo puede costar alrededor de 1.5 €/Wp. Una instalación de 2.0 kWp debería ser suficiente para producir al cabo del año el consumo eléctrico de una vivienda unifamiliar en el Sur de España, lo que supone una inversión de 3.000 €. Una instalación de estas características es capaz de producir un ahorro anual del 40% de la energía que consume la vivienda.
Con esta decisión hemos conseguido ya las siguientes ventajas:
Invertir dinero en un sector económico que genera puestos de trabajo, activando la economía productiva.
Disminuir las necesidades nacionales de importación de combustibles fósiles.
Aumentar la eficiencia del sistema eléctrico, al generar energía eléctrica en el lado del consumo, por lo que evitamos las pérdidas que se producen en las redes de distribución.
Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire.
Un usuario de autoconsumo paga en su recibo su término de potencia, tasas, impuestos y energía consumida exactamente igual que cualquier usuario de la red eléctrica, el único efecto es que consume un 40% menos, lo que le supone un ahorro en términos monetarios en el recibo de alrededor del 30%. Por término medio entre 200 y 250 euros anuales. Esto nos lleva a plazos de amortización superiores a los 10 años.
Si se inyecta a la red a las horas de mayor insolación, mediodía, y en mucha mayor cantidad en verano que en invierno, lo que ayuda a cubrir los picos que se producen por uso del aire acondicionado, y ayuda a estabilizar la red. Además, con este tipo de instalaciones usamos menos recursos fósiles en verano para la generación eléctrica, que es cuando menos recursos hidráulicos tenemos y, como consecuencia, cuando se han producido fuertes subidas en el precio de la electricidad, es decir, ayudamos a reducir los costes de la energía eléctrica.
Además, esta energía, producida en consumo, se inyecta en la red y es consumida por el vecino más próximo, que paga a la compañía eléctrica el mismo precio por esta energía que por cualquier otra que consuma. Sin embargo el productor, en este caso, no recibe una justa compensación económica por la misma. Un sencillo cálculo nos dice que una instalación de 2.0 kWp inyecta a la red alrededor de 1600 kWh al año, que a un precio medio de pool de 0.05 €/kwh supone dejar de cobrar 80 € por la producción de energía, al igual que cualquier otro productor cobra por la energía que inyecta al sistema. Cobrar por esta energía, no sólo sería más justo, sino que ayudaría a hacer estos sistemas más rentables. En cambio, alguien ha vendido esa energía por un valor de mercado aproximado de 220 €, beneficiándose económicamente.
¿Y si el autoconsumidor llegara a un acuerdo con sus vecinos para aprovechar esta energía sobrante? Tampoco lo permite la ley en España.
Las instalaciones de autoconsumo sólo tienen ventajas para los ciudadanos, para el sistema eléctrico, para nuestra economía y para el medioambiente.
Desde la Fundación Renovables estamos convencidos de que el autoconsumo está llamado a ser un instrumento clave para transformar el modelo energético en la Unión Europea. ¿A qué esperamos?
