A estas alturas nadie puede negar ya que producir energía con el sol o el viento es la opción más barata y más respetuosa con el medio ambiente. Pero no todos los partidos apoyan las energías renovables con el mismo entusiasmo. Sobre ello hablamos ampliamente en este número. Porque el 28 de abril hay elecciones. Y tu voto cuenta mucho.
VOX no menciona las energías renovables en su programa político ni una sola vez, como tampoco recoge otros conceptos como “medio ambiente” o “cambio climático”.
El PP defiende su sistema de subastas, la incorporación de las renovables a la climatización, el impulso del vehículo eléctrico y, en general, el desarrollo de las energías sostenibles y el impulso a la eficiencia energética.
Ciudadanos plantea la creación de un plan específico para impulsar las renovables y el autoconsumo, así como la promulgación de una nueva Ley de Cambio Climático, que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima.
El PSOE mantiene el objetivo de que en 2030 el 74% de la electricidad será generado con esas fuentes, defiende la elaboración de una estrategia de movilidad sostenible y se compromete a impulsar un pacto de Estado por la industria, adaptado a los nuevos retos de digitalización y descarbonización.
Y Unidos Podemos, que recoge todos los temas medioambientales en su ideario, propone el plan "Horizonte Verde", en el que incluye reducir a la mitad la producción eléctrica basada en combustibles fósiles en una década y alcanzar el 100% de generación con
renovables en 2040.
Aunque no aparezca en la agenda política, ya ha comenzado el plazo de transposición de las directivas europeas del “paquete de invierno”. La Directiva (UE) 2018/844 de eficiencia energética de edificios desde junio de 2018, el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza, obligatorio y directamente aplicable por los gobiernos, y las Directivas (UE) 2018/2001 y 2002 de renovables y eficiencia energética desde diciembre pasado.
Sin embargo, el proyecto de PNIEC 2021–2030 que España ha enviado a Bruselas no recoge compromisos sobre la transposición de las nuevas directivas, ni tampoco cumple la metodología de la gobernanza recogida en el principio “Primero, la eficiencia energética”. Un principio que analiza Javier García Breva.
