El borrador del Plan Nacional Integrado (PNI) de Energía y Clima 2021-2030 cifra en más de 57 gigavatios la nueva potencia renovable a instalar de aquí a ese horizonte (2030) y cuantifica en 101.600 millones de euros las inversiones necesarias, que -según el Gobierno- deberán ser efectuadas, en más del 80%, por parte de las empresas del sector. Y para atraer tamaña inversión es preciso un entorno de seguridad jurídica y razonable certidumbre económica. Pues bien, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables de España, eso es lo que ha hecho el Gobierno hoy en el Consejo de Ministros: aprobar un Real Decreto-ley que elimina la incertidumbre regulatoria, al fijar una tasa de rentabilidad razonable para los próximos... 12 años.
José Miguel Villarig, presidente de APPA Renovables: “contar con una certidumbre sobre los activos existentes, que están funcionando desde antes de 2013, es fundamental para poder acometer nuevos desarrollos. El sector ha vivido una gran cantidad de cambios regulatorios y debemos volver a la normalidad y a la planificación consensuada que nos dará certidumbre. Es necesario que todos los grupos políticos apoyen la vuelta a la racionalidad en un sector fundamental para la creación de industria nacional y empleo de calidad como es el sector renovable. Un sector que está llamado a ser el protagonista de nuestro modelo energético”
