.jpg)
Hay una idea muy extendida en el debate energético: que la transición a renovables es, ante todo, un problema técnico. Que basta con instalar más paneles solares, más aerogeneradores, y el sistema, tarde o temprano, se ajustará.
Es una intuición cómoda. Y es incompleta.
La literatura técnica más seria lleva años apuntando en otra dirección: sistemas eléctricos con alta penetración de renovables —del orden del 80–90%— son perfectamente viables. No es ciencia ficción. La combinación de solar, eólica, almacenamiento y redes permite cubrir la mayor parte de la demanda con tecnologías ya disponibles.
El problema no está ahí.
El problema aparece cuando uno deja el modelo teórico y entra en el sistema real. Porque las renovables no son simplemente otra fuente de energía: son una forma distinta de organizar el sistema. Son variables, distribuidas y, sobre todo, profundamente dependientes de la escala.Y ahí es donde el debate deja de ser técnico para volverse institucional.
En su artículo en Euractiv, Sara Aagesen (Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) defiende la necesidad de un nuevo marco europeo —más integrado, más coordinado, más orientado a la electrificación. Leído superficialmente, puede parecer una propuesta política más, alineada con la agenda climática europea.
Pero leído desde la ingeniería de sistemas, su planteamiento apunta a algo más profundo.
Los modelos energéticos muestran que cuanto mayor es la interconexión entre regiones, menor es el coste de integrar renovables. El viento no sopla siempre en el mismo sitio. El sol no brilla con la misma intensidad en toda Europa. Un sistema fragmentado necesita más almacenamiento, más respaldo, más redundancia. Un sistema integrado, en cambio, puede equilibrarse.
Es, en esencia, un problema de optimización.
Y optimizar a escala nacional empieza a quedarse corto.
Aquí es donde la posición institucional de Aagesen cobra sentido. No porque garantice que la solución sea correcta —la política rara vez ofrece garantías— sino porque reconoce algo que muchos análisis técnicos prefieren ignorar: que sin coordinación efectiva, la solución simplemente no es implementable.
Un paper puede demostrar que un sistema renovable funciona. Pero no puede construir interconexiones entre países, ni armonizar mercados eléctricos, ni resolver conflictos regulatorios. Eso pertenece al terreno de las instituciones.
Ahora bien, aceptar esto no significa cerrar el debate.
Porque hay una suposición fuerte en el fondo de esta visión: que Europa es capaz de coordinarse al nivel que este sistema requiere. Y esa es, probablemente, la parte más frágil de toda la arquitectura. Las diferencias entre países —energéticas, industriales, políticas— no desaparecen porque el modelo lo necesite.
Un escéptico podría decir que estamos intentando diseñar un sistema eléctrico del siglo XXI con una gobernanza del siglo XX.
Y no sería una crítica trivial.
Aun así, reducir propuestas como la de Aagesen a mera ideología sería un error. Su planteamiento no nace solo de una preferencia política, sino de una lectura —discutible, pero sólida— de lo que implica técnicamente un sistema basado en renovables.
La cuestión, en el fondo, no es si las renovables pueden sostener el sistema. Eso, cada vez más, parece claro que sí.
La cuestión es si nuestras instituciones pueden sostener el sistema que las renovables necesitan.
Y ahí, la ingeniería ya no basta.
