El diagnóstico técnico: déficit de generación síncrona
Un informe del Instituto de Investigación Tecnológica (Universidad Pontificia Comillas), encargado por Endesa e Iberdrola, señaló como causa fundamental la baja generación síncrona programada ese día en el sur peninsular. La falta de inercia en el sistema y la desconexión de varias líneas de transporte habrían creado una red demasiado frágil, incapaz de amortiguar perturbaciones menores. El resultado fue un colapso por oscilaciones y sobretensión que desembocó en el apagón.
El debate sobre la responsabilidad
La responsabilidad no recae en un único actor.
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Red Eléctrica de España (REE), como operador del sistema, es quien debía garantizar reservas de estabilidad y coordinar mantenimientos. El Gobierno, en su propio informe, la ha señalado como principal responsable operativo, aunque sin excluir a otros agentes.
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Las empresas generadoras fueron acusadas por REE de incumplir requisitos de control de tensión, lo que agravó la crisis.
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El marco regulatorio también está bajo la lupa: el real decreto-ley aprobado en junio obliga a revisar normas y procedimientos, en un sistema cada vez más dominado por renovables.
Estado del proceso judicial y administrativo
A día de hoy, no existe una sentencia firme ni sanciones concretas.
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La CNMC ha elaborado un primer informe técnico, pero todavía no ha señalado responsables a los que multar, aunque las sanciones podrían alcanzar los 60 millones de euros.
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Existen reclamaciones privadas (aseguradoras, grandes empresas y consumidores), que suman cientos de millones, pero los procedimientos judiciales siguen en fases iniciales.
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El Gobierno ha habilitado mecanismos de inspección y refuerzo normativo, pero la asignación de culpas definitivas se prevé larga y compleja.
Conclusión
El apagón del 28-A no fue el resultado de un “botón mal pulsado”, sino de fallos de planificación y coordinación en un sistema eléctrico en plena transición energética. La responsabilidad, previsiblemente, se repartirá entre operador, generadoras y reguladores. El proceso judicial y administrativo sigue abierto, y tardará tiempo en ofrecer respuestas firmes y compensaciones claras.
