En este sentido, existe gran complejidad administrativa debido a que en España hay un gran entramado de normas, trámites y administraciones de diferentes niveles que ralentizan el desarrollo del autoconsumo. Por ello, es clave para dar impulso al autoconsumo simplificar y homogeneizar los trámites administrativos mediante una plataforma digital unificada, así como reconocer la naturaleza especial del autoconsumo mediante el uso de la “capacidad de acceso” en la exención en el trámite de acceso y conexión a la red en lugar de la “potencia instalada”. El sometimiento de los autoconsumos a los cauces de acceso a red puede estar obstaculizando de facto los autoconsumos de empresas e industrias, extremo que debe valorarse por el regulador por ser un factor contraproducente para la rebaja de la factura de este segmento.
Del mismo modo, si queremos conseguir escalabilidad es necesario salvar las limitaciones recogidas en la regulación, especialmente el autoconsumo colectivo. ¿Tiene sentido el límite de 500 metros en el autoconsumo a través de la red o imponer una duración anual de los contratos de autoconsumo?, ¿Cómo vamos a facilitar autoconsumos colectivos si no disponemos de coeficientes de reparto dinámicos? ¿Cómo vamos a llegar al nivel de acuerdo que se solicita en las comunidades de vecinos? Los comercializadores juegan un papel clave a este respecto como impulsores de los proyectos de autoconsumo desde la aprobación del Real Decreto 244/2019.
Por último, España necesita una estrategia global de autoconsumo que defina unos objetivos, medidas e incentivos claros y homogéneos a nivel nacional, sin provocar disparidades entre regiones y agentes, para así solucionar la falta de visión por parte de la sociedad del potencial del autoconsumo. Sin una meta, no podemos recorrer el camino para llegar a ella.
