El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de sacar a consulta pública la Hoja de Ruta del Autoconsumo, que plantea que esta solución alcance los 9.000 megavatios (MW) de potencia en 2030, el equivalente a la potencia instalada de nueve centrales nucleares.
El borrador, que sale a consulta mientras desde Francia se ha anunciado la construcción de nuevos reactores atómicos, una opción que ninguna empresa se plantea en España, propone que "este objetivo podría aumentar hasta los 14 GW instalados de autoconsumo en 2030 en el caso de darse un escenario muy favorable de alta penetración que se alcanzaría gracias al efecto multiplicador de las medidas adoptadas y, en especial, de la movilización adicional del conjunto de agentes, desde la sociedad civil al sector".
El departamento de Teresa Ribera considera la publicación de este documento "otro paso adelante" tras la derogación del conocido como impuesto al sol "y la creación de un marco normativo favorable que ha permitido multiplicar por 2,5 las instalaciones desde 2018, hasta llegar a 600 MW en 2020".
El borrador se basa en un estudio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) sobre el potencial del autoconsumo que este organismo encargó tras el compromiso, plasmado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de poner en marcha una estrategia nacional de autoconsumo.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado el lanzamiento de esta hoja de ruta en la inauguración de la Feria Internacional de Energía y Clima, GENERA 2021, que se celebra en IFEMA, Madrid. Ha asegurado que "permitirá el despliegue masivo del autoconsumo, eliminar barreras y fomentar su aplicación en todos los sectores productivos, a la par que se desarrolla la cadena de valor y generación de empleo".
Esta hoja de ruta se enmarca en los compromisos recogidos el plan de recuperación, que tiene previsto movilizar más de 1.500 millones de euros para impulsar el autoconsumo. El documento, en cuya elaboración "se ha tenido en cuenta la contribución de agentes económicos, administraciones y la ciudadanía mediante la consulta previa convocada en julio de 2020", se somete ahora a información pública para reforzar el proceso de participación de cara a su aprobación definitiva.