La escasez de gas en los mercados internacionales está provocando fuertes subidas en su cotización, lo que a su vez ha arrastrado al alza los precios de la electricidad. Pero el precio del gas no tiene toda la culpa.
El problema se ha agravado por el diseño de los mercados eléctricos, en los que toda la electricidad se paga al precio de la tecnología más cara, que en estos momentos es el gas. Ello está provocando fuertes transferencias de rentas de los consumidores a las empresas eléctricas, que ven multiplicarse sus precios sin que sus costes hayan apenas aumentado. Sólo una pequeña parte de la generación eléctrica consume gas, y una buena parte de ella lo hace a través de contratos a largo plazo, cuyos precios son muy inferiores a las cotizaciones actuales del gas en los mercados al contado.
Es difícil exagerar las consecuencias económicas y sociales del encarecimiento de la energía.
Los ministros europeos reclaman mejorar la regulación eléctrica para "establecer mejor la relación entre los precios que pagan los consumidores y los costes medios de la producción eléctrica". Es un reconocimiento explícito de que, efectivamente, las empresas están facturando más por la electricidad de lo que cuesta producirla, a expensas de los consumidores.
La pregunta es, ¿cómo conseguir este objetivo? La solución pasa por diseñar unos mercados eléctricos capaces de revelar los verdaderos costes medios de cada tecnología, a diferencia de los mercados actuales que sólo alcanzan a revelar el coste de la generación con gas.
Este objetivo ya se está consiguiendo para las nuevas renovables que entran al mercado a través de subastas de contratos a largo plazo, que celebra el regulador en representación de todos los consumidores. Al hacer que las empresas compitan, antes de acometer las inversiones, para determinar el precio de su producción a largo plazo, se consigue que sus precios se estabilicen en torno a sus costes medios, trasladando a los consumidores los menores costes que vienen de la mano de las renovables.
Mantener instituciones que generan desequilibrios tan fuertes como el que en estos momentos está generando el mercado eléctrico, simplemente no es sostenible. De una reforma capaz de "establecer mejor la relación entre los precios que pagan los consumidores y los costes medios de la producción eléctrica", todos saldremos ganando.
Europa –con el empuje de España– debería de encabezar esta reflexión desde la perspectiva regulatoria, alineando la revisión del Mercado Único de la Energía con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la urgencia de consolidar una recuperación sostenida, equilibrada y medioambientalmente sostenible, que reparta sus beneficios de forma equitativa en la sociedad.
Esta revisión de los mecanismos regulatorios permitiría además acometer la Transición Energética al menor coste para la sociedad, facilitando el que los ciudadanos perciban sus beneficios como condición necesaria para el apoyo social que este profundo cambio necesita. Y si Europa no lo hace, serán los Estados Miembros quienes lo hagan, por su cuenta. Pero entonces se habrá perdido la esencia del proyecto europeo, poniendo en peligro su propia continuidad. En juego está mucho más que
el precio de la energía.
