El anuncio lo ha hecho el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, que ha explicado que, en el marco del desarrollo normativo de la Ley de Cambio Climático de Baleares, próximamente saldrá a consulta pública un decreto para impulsar las energías renovables en espacios urbanos que establecerá la obligación de instalar placas fotovoltaicas en grandes aparcamientos y cubiertas para impulsar el autoconsumo. El vicepresidente balear ha adelantado que este decreto también incluirá obligaciones de almacenamiento para grandes consumidores y parques fotovoltaicos.
El objetivo de este decreto, según ha explicado el vicepresidente balear y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, es "aprovechar todos esos espacios -informa el Govern- para lograr la soberanía energética con el mínimo consumo de territorio". Por ello -añaden desde el Ejecutivo-, se incluirán medidas "para obligar a los grandes consumidores y a las instalaciones de renovables de más de un megavatio a implantar sistemas de acumulación de energía". Porque, según Yllanes, "el almacenamiento es clave en un sistema energético como el balear, y las baterías son fundamentales para optimizar la gestión de la demanda".
El vicepresidente ha explicado que este decreto desarrolla reglamentariamente la obligación de instalar placas fotovoltaicas en aparcamientos privados de más de 1.500 metros cuadrados o públicos de más de 1.000 metros cuadrados antes de 2025. La norma -explican desde el Govern- establecerá medidas alternativas en caso de que por cuestiones técnicas esta solución no sea posible. Así mismo, el decreto también incluirá obligaciones para que todas las administraciones públicas incorporen renovables antes de 2027 y, en caso de que haya excedentes, el Instituto Balear de la Energía (IBE) los gestionaría en régimen de autoconsumo compartido.
Yllanes, además, ha informado de que en el despliegue de la Ley ya se han creado todos los órganos de gobernanza: el Comité de Expertos, el Instituto Balear de la Energía y el Consejo Balear del Clima, que aseguran una participación de todos los actores sociales en las políticas de cambio climático.