Los datos de lo que gastan los hogares en electricidad según el IPC -uno de los indicadores más fiables para analizar cómo han variado los precios a falta de métricas más concretas- son bastante elocuentes. Mientras que en España el pasado septiembre el gasto eléctrico fue un 45% superior a lo registrado un año antes, en Portugal el incremento apenas fue del 2,3%. Si se elimina el efecto distorsionador de la pandemia y se toma como referencia 2019, el repunte en la factura española asciende al 43,8%, mientras que la portuguesa se elevó tan solo un 1% en ese mismo periodo.
Además, los incrementos registrados en la factura de la luz han sido muchos más pequeños en las principales economías europeas. En Italia el IPC eléctrico repuntó en septiembre un 15,5% respecto a 2020, una cifra que se reduce hasta el 2,2% en Francia y al 2% en el caso de Alemania.
Por tanto, si el vertiginoso ascenso en los precios mayoristas de la energía lo han sufrido por igual los dos países, ¿por qué la diferencia en lo que paga el consumidor final es tan grande? La explicación está en los diferentes mecanismos que emplea cada país para trasladar los costes mayoristas al consumidor final.
