Es claro, pues, que el Gobierno se afana en parchear la
muy deficiente estructura de la tarifa eléctrica para evitar que el
autoconsumo se desarrolle.
Lo verdaderamente notable
es que gracias a la enorme reducción de precios que la tecnología aún
nos va a deparar en los próximos cinco años, incluso con el impuesto al
sol propuesto y sin que se valoren las enormes ventajas económicas,
sociales y medioambientales del autoconsumo, éste va a acabar
imponiéndose. Entonces veremos quiebras de empresas eléctricas en todo
el mundo. Aquéllas que no se hayan adaptado a tiempo a un cambio de
modelo de negocio.
Nos encontramos pues, ante una
encrucijada histórica en el sector de la energía frente a la que caben
dos alternativas:
- Poner trabas al desarrollo del autoconsumo, lo que a
mi juicio solo va a servir para retrasar su implantación y que nos acabe
saliendo más caro; o
- Integrarlo de forma ordenada en el sistema
eléctrico actual sabiendo que los cambios que introduce son de enorme
envergadura.
Con la actual propuesta del Gobierno
estamos abocados a la primera vía, lo que nos deparará casos cada vez
más numerosos de consumidores aislados de la red, incluso en el interior
de las ciudades.
Variar el rumbo hacia la segunda vía requiere
objetividad, transparencia y visión de futuro.
La pretendida solidaridad
—con las eléctricas, se entiende— no sirve.