El impulso al autoconsumo de electricidad y en especial al autoconsumo compartido ha abierto nuevas oportunidades para las grandes compañías de electricidad. Todas ellas preparan ofertas para captar clientes. Pero, al mismo tiempo, avanza el debate sobre el papel que debe tener la iniciativa pública, sobre todo los ayuntamientos, en el desarrollo, la responsabilidad -y la propiedad- de la red de baja tensión. Es la que debe dar servicio a las necesidades de los nuevos productores y consumidores.
Las compañías tradicionales reclaman rentabilidades del 7% para mantener la calidad de la red. Estiman que deberán invertir 7.000 millones de euros hasta 2030 para canalizar las necesidades de las renovables y del autoconsumo. Eso sólo en la red de baja tensión que durante décadas interesó poco a las grandes empresas porque era más cara que rentable.
Ahora son otros tiempos. Se imponen otros modos de consumo y lo que antes era una carga para el negocio, ahora es importante.
Por eso hay debate. Expertos en energía como Javier García Breva (N2E) consideran que la actividad de autoconsumo debe estar abierta a la competencia y para ello, las redes de baja tensión deberían estar en manos de las corporaciones locales. Las Directivas europeas de renovables (UE 2018/2001 y UE 2018/844) y de eficiencia energética de edificios aluden constantemente al papel destacado que deben tener las autoridades regionales y locales en el nuevo sistema eléctrico.
Unidas Podemos se mueve en esa dirección. La formación de Pablo Iglesias ha presentado iniciativas en el Congreso para que los municipios, mancomunidades y asociaciones de municipios puedan constituir sociedades públicas municipales para la gestión de la red de distribución. En ciudades como Barcelona o Cádiz se han puesto en marcha comercializadoras públicas de energía.
En los países más desarrollados, lo habitual es que el Estado participe en el negocio. Estados Unidos, Francia, Holanda, Suecia, Italia, Suiza o Japón son buenos ejemplos. En 2018, la OCDE revisó el panorama internacional y concluyó que 32 de las 50 mayores empresas del sectoreléctrico a nivel mundial tienen participación pública.
En España el debate se anima más porque las asociaciones de renovables recuerdan que las grandes eléctricas cobraron en su día a los promotores de proyectos para autorizar su acceso y conexión a la red. El promotor pagaba y la eléctrica se quedaba con la propiedad de las infraestructuras. Por ello ven adecuado que los municipios den un paso adelante para asumir la propiedad de las redes por las que debe discurrir el cambio del sistema energético. (Ver más >)
