“Somos el primer país con una legislación
global contra el cambio climático”. Así de tajante y orgullosa cerraba
hace unos días la ministra de Ecología francesa, Ségolène Royal, la sesión de la Asamblea Nacional que aprobaba la Ley de Transición Energética. Con el apoyo de los ecologistas, el Gobierno de François Hollande
se ha equipado de una ambiciosa normativa para cambiar el modelo
energético promoviendo las fuentes renovables, el transporte limpio y la
edificación sostenible.
El principal partido de la oposición, la derechista UMP
(Unión por un Movimiento Popular) ha rechazado la norma por considerar
que será necesario cerrar 24 reactores nucleares en diez años.
El Gobierno francés pretende reducir en un 40% las emisiones de gas de efecto invernadero de aquí a 2030 y dividirlas por cuatro en 2050, que las energías renovables generen el 32% del total del consumo a finales de 2030 y dividir por dos el consumo de la energía final en 2050. En el país más nuclearizado del mundo en proporción al número de habitantes, la potencia actual de la energía nuclear queda congelada y no deberá suponer más del 50% de la producción de electricidad en 2025.
El plan de acción es importante y cuenta con un presupuesto de 10.000 millones en tres años. Cada año se renovarán 500.000 edificios. En una enmienda de última hora, todas las viviendas francesas deberán renovarse antes de 2030 para consumir menos energía.
Se ha establecido un techo de consumo por metro cuadrado y año. Se
simplificarán los papeleos para las licencias de obras. Toda nueva obra
deberá tener en cuenta las normas medioambientales y los inmuebles
públicos serán de energía positiva.
Las administraciones públicas darán
ejemplo con la elección de sus flotas de vehículos, pero también los
taxis y las empresas de alquiler de vehículos deberán disponer de un 10%
de coches limpios en 2020. Se instalarán siete millones de puntos de
recarga eléctrica en todo el país. Los privados tendrán importantes
ayudas para cambiar un diésel por uno limpio. Se prohíben las bolsas de
plástico de un solo uso y los supermercados no podrán tirar a la basura
los alimentos no vendidos. Esta última norma es la enmienda más reciente
incorporada a la ley en su trámite parlamentario.
Uno podrá estar o no de acuerdo con
esta ley. De hecho, las ayudas y subvenciones no son el mejor camino, y
en este caso se va a poner bastante dinero: 10.000 millones de euros.
Pero, al menos, los franceses han planteado los objetivos, y ahora los
agentes sabrán cómo actuar y dónde invertir. Esto es más de lo que se
puede decir de España, donde en materia de planificación y estrategia a
largo plazo, el mercado deja mucho que desear. España, para nuestra
desgracia, sigue necesitando una estrategia energética a largo plazo.