Algo grande está pasando en el mundo. Por primera vez se ha invertido más en ahorro, eficiencia y renovables que en extracción de carburantes. En Alemania, la Administración local se compromete en la distribución para impulsar el autoconsumo. En Holanda, las compañías deben elegir qué actividad quieren desempeñar (distribución, comercialización o producción) para evitar la posición de dominio. En Bruselas se ha instalado tanta potencia fotovoltaica en un año... ¡como en toda España! La Comisión Europea habla de autoconsumo, de prosumidor —productor y consumidor energético—, de agregador energético...
En cambio, cuando en España nos ponemos a hablar de energía, ello se asocia a un problema en lugar de a una oportunidad. A pesar de ser muy ricos en irradiación solar, estamos siendo tremendamente pobres en voluntad política.
Las explicaciones de este hecho diferencial pueden ser diversas, pero hay un factor principal: el marco regulatorio, pensado no tanto para la defensa del interés general como para la protección de los intereses económicos y de poder de las empresas del sector.
¿Cómo explicar si no que los beneficios de las eléctricas se multipliquen aunque la demanda caiga? De 2007 a 2015, el consumo se ha reducido el 1,5% anual, mientras que el beneficio creció el 2,7% anual, como consecuencia de un extraordinario encarecimiento del precio de la electricidad desde 2008, sobre todo entre los consumidores inferiores a 20 MWh por año. En este segmento, el precio ha escalado hasta cerca de los 300 euros el MWh, uno de los más caros de nuestro entorno.
Quizá empiece a ser hora, mediante un “déficit tarifario a la inversa”, que el sector eléctrico comience a revertir a la sociedad todo lo que le ha quitado. Dichas propuestas permitirían restablecer parte del desaguisado en el sector de las renovables y a la vez garantizar la sostenibilidad financiera del modelo, y además hacer que un país rico en sol sea un país más pleno en lo que se refiere a la gestión democrática de la energía.
