La transición energética ya no es solo una cuestión ambiental o económica. Es una cuestión de seguridad nacional y estabilidad política.
Cada kilovatio-hora que producimos con renovables y almacenamos localmente es un paso hacia la independencia energética, la resiliencia territorial y la protección de nuestra industria y ciudadanía frente a crisis externas.
Hoy, los datos hablan por sí solos. Por ejemplo, en junio de 2024 España importó combustibles fósiles (principalmente gas licuado ruso) por un valor de ≈ 182 millones de euros en un solo mes hacia la Unión Europea. energyandcleanair.org O, dicho de otro modo, enormes flujos de compra de energía desde Rusia siguen alimentando cadenas de dependencia que tienen implicaciones políticas directas. Incluso en 2024 las importaciones totales desde Rusia —incluyendo “combustibles, aceites y derivados” — fueron de unos
US$ 2.11 mil millones para España.
tradingeconomics.comEstos datos importan porque cuando dependemos de combustibles importados de un proveedor que puede usar esa dependencia como palanca geopolítica, estamos entregando parte de nuestra seguridad energética en manos ajenas. Para una administración pública —una comunidad autónoma, un municipio— eso es un riesgo que puede y debe gestionarse.
Las redes descentralizadas con almacenamiento distribuyen el riesgo, reducen la exposición a ataques o fallos de red y permiten mantener la actividad esencial —desde hospitales hasta industrias críticas— en situaciones de emergencia.
Además, impulsan la economía local: cada instalación genera empleo técnico, innovación y fiscalidad territorial.
Invertir en inversores de alto rendimiento y sistemas de baterías nacionales o europeos no es solo una mejora técnica: es, por tanto, una inversión en soberanía.
España tiene el sol, la tecnología y el talento para liderar esta transformación. Solo falta una decisión política:
tratar la energía limpia y segura como lo que realmente es: una infraestructura de defensa nacional y de futuro.
Conclusión:
Cada vez que España invierte en renovables, inversores y baterías, está reforzando su sistema productivo, su independencia y su seguridad.
Y esta idea no proviene solo del ámbito ambiental o económico: más de una docena de expertos en defensa y seguridad europeos han solicitado que la inversión en infraestructuras de bajas emisiones —como las renovables— se compute dentro del gasto en defensa, dentro del objetivo del 1,5 % del PIB para infraestructuras críticas que algunos países de la OTAN ya han adoptado.
Ese planteamiento reconoce una realidad ineludible: en el siglo XXI, la defensa ya no se mide solo en arsenales, sino también en megavatios.
Invertir en energía limpia, inversores y baterías es, literalmente, invertir en la seguridad y la soberanía de España.
