En una entrevista con Eva Ponte en La Opinión de Zamora, Antonio Turiel, investigador del CSIC, sostiene que la reforma del sector financiero es la medida climática más urgente. Vincula la inacción con el peso de los intereses financieros y defiende cambios en los patrones de consumo. Su diagnóstico deja abierta la pregunta para España. ¿Qué ayudas retiraríamos, qué inversiones financiaríamos y qué servicios contrataríamos? Entrevista ->
El IPCC estima que existe capital suficiente a escala mundial para cerrar la brecha de inversión climática. Entre las barreras para movilizarlo figuran el riesgo percibido, la regulación y las condiciones de mercado. En España, aplicaría cuatro medidas.
1. Sustituir las ayudas generalizadas a los combustibles fósiles
Empezaría por publicar cuánto cuesta cada ayuda, quién la recibe y qué alternativas tiene. Retiraría gradualmente las bonificaciones generalizadas y mantendría apoyo directo para hogares vulnerables y actividades con pocas alternativas inmediatas. Destinaría parte de los ingresos de las subastas europeas de CO₂ a rehabilitar viviendas, financiar calefacción eficiente y adaptar infraestructuras al calor y las inundaciones. Un hogar sin liquidez debería poder cobrar la ayuda por adelantado.
2. Dar avales parciales a pymes con proyectos viables
Pensemos en una fábrica que puede electrificar parte de su calor de proceso, pero carece de garantías suficientes para obtener el préstamo. El ICO podría asumir una parte acotada del riesgo y el banco conservaría una exposición suficiente para evaluar el proyecto. El aval se reservaría para inversiones que difícilmente saldrían adelante en condiciones comerciales. El ahorro de energía se comprobaría tras la puesta en marcha.
3. Incorporar el riesgo climático a las decisiones de crédito
Al financiar un activo con décadas de vida útil, el banco debería estimar cómo cambia la capacidad de pago si sube el coste del carbono, cae la demanda del producto o aumenta el riesgo de inundación. La Autoridad Bancaria Europea ya exige identificar y gestionar estos riesgos. El paso práctico es hacer que esos escenarios influyan en la valoración de las garantías y en las condiciones del préstamo.
4. Contratar la flexibilidad que necesita la red
La Orden TED/966/2026 crea un mercado de capacidad para el sistema eléctrico peninsular en el que pueden participar la generación, el almacenamiento y la demanda. Lo decisivo es definir cuánta potencia firme se necesita, en qué horas y durante cuánto tiempo. Baterías, bombeo y demanda flexible deberían competir cuando puedan cumplir el mismo requisito.
Una batería de 50 MW y 100 MWh útiles puede entregar 50 MW durante dos horas en condiciones ideales. Si el sistema exige cuatro horas continuas, su límite teórico es de 25 MW medios, antes de considerar reservas y otras restricciones operativas. Ese es el tipo de diferencia que debe recoger una subasta cuando remunera potencia firme.
El arranque autónomo responde a otra necesidad. Un inversor grid-forming puede establecer una referencia de tensión y frecuencia. Para prestar black start hay que demostrar que la instalación completa puede arrancar sin alimentación externa y energizar la parte de la red prevista en el plan de reposición. El procedimiento de operación 7.6 ya establece un marco peninsular. Donde el operador identifique una necesidad adicional, evaluaría qué instalaciones pueden acreditarla y cuánto cuesta mantenerlas disponibles.
Si tuviera que tomar dos decisiones primero, reorientaría las ayudas fósiles y dimensionaría las subastas de capacidad según la necesidad real de la red. Publicaría cada año cuánto consumo fósil se ha evitado, qué efecto ha tenido el apoyo en la factura de los hogares vulnerables y cuánto ha costado cada megavatio firme que estuvo disponible cuando hizo falta.
