La regulación, de socialización de pérdidas y privatización de beneficios, es la que existe actualmente en el mercado eléctrico español.
Centrales nucleares y grandes hidráulicas, completamente amortizadas y con costes de operación de entre 10 y 20 EUR/MWh, están, estos días de altos precios, cobrando 80, 90 y hasta 100 EUR/MWh, igual que el resto de centrales de generación no amortizadas.
Dicho de otra forma, todos los consumidores estamos pagando hasta 10 veces el coste de operar de esas centrales que entre todos, mediante pagos regulados, hemos ayudado a amortizar.
Si miramos un poco hacia el norte, en concreto hacia Reino Unido, vemos que al intentar establecer un precio regulado durante 35 años para una nueva central nuclear (
Hinkley Point C), con una vida útil de 60 años, la Comisión Europea
le ha dicho a Reino Unido, que OK a la ayuda durante esos 35 años, pero que si en el periodo post-ayuda, los precios de la electricidad subieran y la central ganara más de lo estrictamente previsto, esa central tendrá que devolver a los consumidores lo ganado de más. Así de claro, así de justo, así de lógico.
Si España quisiera copiar esta práctica de uno de los países campeones del libre mercado, bastaría con establecer un cargo, en beneficio al sistema eléctrico (en última instancia, a los consumidores), por una cuantía equivalente al precio de mercado menos los costes de operación, para todas aquellas centrales amortizadas en base a una retribución regulada, para automáticamente abaratar el recibo de la electricidad.
Dicho de otra forma, si producir te cuesta 10 EUR/MWh y el precio está a 100 EUR/MWh, los 90 EUR/MWh de margen los devuelves al sistema. Así nos aseguraríamos de no ofrecer una ayuda de Estado ilegal e incompatible a ciertas centrales, cuya rentabilidad está muy por encima de lo permitido por la Unión Europea.
