Pero existe el riesgo de confundir gestionar ese riesgo con excluir una parte esencial de la cadena de suministro mundial.
Los inversores solares y los BESS se han convertido en infraestructura digital crítica. Ya no son simplemente electrónica de potencia: controlan flujos de energía, baterías y conexión a red y, en muchos casos, disponen de acceso remoto.
La preocupación europea es, por tanto, legítima.
La pregunta es si el país de origen debe convertirse en el principal criterio para decidir qué tecnología puede conectarse a nuestra red.
China fabrica aproximadamente ocho de cada diez inversores
La IEA, en su informe Inverter supply chains and cybersecurity, estima que China concentraba en 2025 alrededor del 80% de la capacidad mundial de fabricación de inversores para solar y almacenamiento, frente a aproximadamente un 8% en Europa.
Además, reconoce que los fabricantes chinos combinan escala, costes competitivos, elevada capacidad tecnológica y ciclos rápidos de innovación.
Eso no elimina los riesgos de ciberseguridad.
Pero sí demuestra que sustituir rápidamente esta capacidad industrial tendría consecuencias.
Según la IEA, los inversores utility-scale de fabricantes no chinos pueden costar aproximadamente un 75% más, aunque el impacto sobre el CAPEX total de una gran planta sería inferior al 2%. Una transición rápida también podría generar problemas de disponibilidad de determinados modelos y retrasos en proyectos.
Europa debe tener en cuenta ambos riesgos: el riesgo digital y el riesgo de ralentizar su propia transición energética.
El origen importa. Pero no puede ser suficiente
La ciberseguridad debería medirse mediante requisitos técnicos verificables:
acceso remoto controlado, firmware firmado, trazabilidad, almacenamiento y tratamiento seguro de datos, segmentación de redes, auditorías independientes, operación offline y capacidad del propietario para limitar comunicaciones externas.
Estos requisitos pueden exigirse a cualquier fabricante.
Chino, europeo, americano o de cualquier otro origen.
De hecho, un sistema verdaderamente seguro debería diseñarse precisamente para no depender de confiar ciegamente en el fabricante.
La propia IEA pide equilibrio
El análisis de la IEA plantea el problema en términos más amplios que una simple política de exclusión.
Europa debe equilibrar seguridad energética, resiliencia de la cadena de suministro, competitividad, ciberseguridad, costes y velocidad de despliegue.
Ese equilibrio es fundamental.
Porque Europa necesita instalar enormes cantidades de renovables, almacenamiento y redes durante los próximos años. Si las medidas destinadas a aumentar nuestra seguridad reducen competencia, encarecen proyectos o retrasan despliegues, podemos terminar creando otro tipo de vulnerabilidad energética.
Elevar el estándar en lugar de levantar el muro
Europa tiene una oportunidad mucho más interesante.
En vez de preguntar solamente:
¿Dónde está localizado el fabricante?
deberíamos preguntar:
¿Puede demostrar técnicamente que su equipo es seguro?
El fabricante que cumpla requisitos europeos exigentes debería poder competir.
El que no pueda demostrarlos debería quedar fuera.
Eso obligaría además a compañías globales como SolaX y al resto de la industria a competir no únicamente en eficiencia, prestaciones o precio, sino también en ciberseguridad, transparencia y soberanía digital.
Europa puede utilizar su capacidad regulatoria para elevar los estándares de toda la industria mundial.
Ese sería probablemente un resultado mucho más poderoso que una simple política de exclusión.
Porque el objetivo no debería ser confiar en China.
Ni confiar ciegamente en Europa.
El objetivo debería ser construir una infraestructura energética en la que no tengamos que confiar ciegamente en nadie.
