Una de las mayores eléctricas europeas, se ha sumado a la avalancha de denuncias de inversores extranjeros contra España por los recortes a las energías renovables.
La compañía, controlada por el Estado francés, explotaba 46,9 MW de fotovoltaica en España a cierre de 2016.
El 4 de mayo el Ciadi condenó a España a pagar 128 millones de euros, más intereses, a la firma británica Eiser Infrastructure Limited.
El laudo que dio la razón a Eiser consideró que el recorte de primas que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en su primera legislatura "fue profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión".
El tribunal expuso serias reservas sobre el eje de esa reforma, el de un nuevo marco basado en los costes hipotéticos de una hipotética planta eficiente. Un testigo del IDAE que aportó España "admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso", dio alguna respuesta ambigua y mostró "una evidente falta de conocimiento" sobre los acuerdos de financiación que sirvieron para construir las plantas afectadas.
El laudo, dictado por unanimidad de los tres árbitros (incluyendo al que propuso España), también recogía que Rajoy dejó sin contestar las cartas de los inversores que pedían una negociación para "una solución amistosa" antes de presentar su demanda de arbitraje. Durante el procedimiento, los peritos propuestos por España tampoco resultaron convincentes frente a los informes "completos y profesionales" de la otra parte; y los abogados del Estado que defendían a España dieron un vuelco a última hora a su estrategia de defensa, sin éxito.
