La CE alerta: "la contaminación atmosférica es un problema acuciante de salud pública"

La Comisión Europea (CE) ha difundido hoy un comunicado en el que recuerda que la contaminación atmosférica causa aproximadamente 400.000 muertes prematuras al año en la UE y genera cientos de miles de millones de euros en costes externos ligados a la salud. A ese dato, ya conocido, la CE añade ahora otro no menos preocupante: "según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las medidas de la UE para proteger la salud humana de la contaminación no han producido el impacto esperado".

El Tribunal de Cuentas alerta en materia de exposición al aire: 

(1) la salud de la ciudadanía europea "no tiene todavía la suficiente protección", 

(2) las medidas implementadas por Bruselas a lo largo de los últimos años "no han producido el impacto esperado"; y 

(3) el "ingente coste humano y económico" que se deriva de todo ello "todavía no se ha traducido en medidas adecuadas para toda la Unión Europea". 

El Tribunal de Cuentas de la UE añade por fin dos datos más: (1) las partículas, el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico "son los contaminantes atmosféricos responsables de la mayoría de muertes prematuras" y (2) la población urbana está "especialmente expuesta".

La Directiva sobre la calidad del aire ambiente de 2008 constituye la base de la política sobre aire limpio de la Unión Europea, puesto que establece las normas de calidad atmosférica relativas a la concentración de contaminantes en el aire. Pues bien, los auditores (el Tribunal de Cuentas) han evaluado la concepción de la Directiva, si los Estados miembros la han aplicado eficazmente, y la forma en que la Comisión ha controlado y velado por su cumplimiento. Por otro lado, han valorado si la calidad del aire se refleja adecuadamente en otras políticas de la UE y está asistida por fondos comunitarios, y si los ciudadanos están bien informados sobre los asuntos relativos a la calidad del aire.

Australia podría ser 100% renovable en 2030 y cumplir con los objetivos de París en 2025

Australia podría cubrir el 100% de sus necesidades eléctricas con energías renovables a principios de la década de 2030 solo con mantener el ritmo actual de desarrollo eólico y solar, según un nuevo informe de investigación.

El informe, publicado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Australiana (ANU por sus siglas en inglés), que incluye al experto en energía solar fotovoltaica y bombeo Andrew Blakers, dice que mantener el ritmo actual de desarrollo de energía renovable también cumpliría con toda la tarea de reducción de emisiones de Australia “para toda su economía” en 2025.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo analizó los datos del regulador de energía limpia del gobierno federal, lo que demuestra que durante 2018 y 2019 el país instalaría aproximadamente 10.400 MW de nueva energía renovable.

La energía en el mundo en 2050: 50% renovables, 50% combustibles fósiles

La firma especializada en gestión de riesgos DNV GL acaba de lanzar su informe “Energy Transition Outlook 2018” . DNV GL espera que la capacidad de la red eléctrica global se triplique para el año 2050 a medida aumentan los vehículos eléctricos y las energías renovables.

Según el informe, la electrificación de la demanda de energía se duplicaría para 2050 a medida que el transporte, los edificios y la industria manufacturera se vuelvan cada vez más eléctricos. Las tasas de instalación para el sistema de distribución se duplicarán.

Para el 2027, se espera que la mitad de todas las ventas de automóviles nuevos en Europa sean vehículos eléctricos, dijo DNV GL. El informe también predice que el 80% de la producción mundial de electricidad provendrá de las energías renovables para el año 2050. Concretamente, la fotovoltaica alcanzará para esa fecha el 40% de la demanda eléctrica mundial mientras que la eólica, tanto en tierra como marina, llegará al 29%. El 11% restante recaería en hidráulica prácticamente y algo de biomasa y de geotérmica.

Valencia da los primeros pasos para regular la figura del prosumidor

Según el consistorio valenciano, "los principales objetivos del proyecto ProSumE son la generación descentralizada de energía, eliminar los obstáculos a la autogeneración y dar un papel más activo a los consumidores y las consumidoras para que puedan producir, almacenar, compartir, consumir y vender en el mercado su propia energía". Según la Unión Europea -explican desde el Ayuntamiento-, es necesario que las personas tengan derecho a ser autoconsumidores/as de energías renovables, así como vender su excedente de producción "sin tener que pagar impuestos por consumir electricidad de producción propia".

Tal y como explica Gemma Fajardo, profesora titular de Derecho Mercantil e investigadora en el Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento, "la legislación española no hace referencia a la figura de prosumidor/a o autoconsumidor/a, aunque sí al autoconsumo de energía eléctrica. Al contrario de lo que marca la directiva de la Unión Europea, la legislación en España solo contempla al autoconsumidor como individuo y no como grupo (después de la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2017)". Tampoco permite que la persona que autoconsume -informa el Ayuntamiento- pueda vender la energía que no consume o que le sobra, trabas todas "que tendrán que ser eliminadas legislativamente, como muy tarde, para cuando entre en vigor la directiva europea el 1 de enero de 2021".

Greenpeace pide al Ejecutivo que pase a los hechos en la protección del medio ambiente

Cuando se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Pedro Sánchez, Greenpeace hace balance: a pesar de los gestos positivos, las medidas que el presidente ha tomado en materia de protección del medio ambiente en este período han sido pocas y no están a la altura de la amenaza del cambio climático. Es necesario acometer acciones concretas y contundentes antes de que finalice el año.

Greenpeace valoró positivamente el cambio en la posición española en las negociaciones europeas del Paquete de Invierno a los pocos días de formarse gobierno, pero tres meses después aún no se ha abolido el impuesto al sol y no hay un calendario ni hoja de ruta para desbloquear el autoconsumo y en especial el colectivo. Otros pasos positivos han sido la decisión del Gobierno de paralizar el permiso de construcción del Almacén para Residuos Nucleares (ATC) proyectado en Villar de Cañas (Cuenca) o la paralización anunciada esta semana de la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí que fue autorizada en 2015.

La ausencia más destacada en estos primeros 100 días es el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos de reducción de emisiones que permitan a España cumplir con el Acuerdo de París. Tampoco se ha avanzado en un Plan de Energía y Clima que incluya fechas de cierre carbón y nuclear antes de 2025 y objetivos de renovables que aseguren que el sistema energético español sea 100% renovable antes de 2050.

En estos 100 días se ha hablado mucho pero no se ha tomado ninguna decisión efectiva sobre la reducción de la demanda de petróleo para el transporte y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, que debería empezar con el fin de los privilegios fiscales para el diésel tal y como ha anunciado Pedro Sánchez y determinar un calendario para el fin del uso de combustibles fósiles en automoción.

Autoconsumo compartido: ¿compartir cables o compartir energía?

Desde mi punto de vista, para poder aprovechar el potencial del autoconsumo compartido, es preciso que la compensación de saldos entre consumidores pueda realizarse, como mínimo, de forma mensual, e idealmente, de forma anual, para poder combinar no solo las diferentes pautas de consumo diarias, sino también anuales (vacaciones en julio, en agosto, en diciembre…). 

Así, volviendo al ejemplo de 4 copropietarios de la instalación con una cuota del 25%, lo óptimo sería que en caso de que todos necesiten el 25% de la energía en un momento dado, la energía se atribuya al 25% a cada uno, pero en el momento en que un consumidor no consume su parte, ese remanente debería repartirse entre el resto de copropietarios, y al final del año, se hace balance de cuánto ha autoconsumido cada copropietario y se establece una compensación entre ellos. 

¿Qué tiene algunas complejidades operativas, porque se pasa de un modelo de intercambio energético bilateral (eléctrica-cliente) a uno multilateral (eléctrica-cliente1-cliente2)? Sin duda. ¿Qué son dificultades insalvables? En absoluto.

El coche eléctrico puede ayudar a reducir las emisiones de efecto invernadero a la mitad

La Fundación Europea para el Clima, ha publicado un informe donde se pone sobre la mesa que las estimaciones de reducción de emisiones contaminantes que se le otorga al coche eléctrico han sido minimizadas respecto a su verdadero potencial.

Según los datos recogidos en 2017, un coche eléctrico de tamaño medio puede reducir el total de emisiones, desde su producción hasta su llegada al desguace, a la mitad respecto a un coche convencional de similares características.

Los datos del informe indican que un eléctrico en su vida útil, incluyendo su fabricación, puede llegar a producir 15 toneladas de CO2. Un 40% de los cuales sólo se las lleva la batería. Por su parte un coche diésel o gasolina llega a las 32 toneladas. Una diferencia que además se amplía según avanza el proceso de reducción de emisiones de la producción eléctrica, cada vez más volcada con las energías renovables.

Esta diferencia se reduce al comparar coches de mayor tamaño. En esos segmentos con los datos del 2017 la ganancia se queda en un 25%. Pero al igual que el anterior la evolución es irremediablemente positiva para los eléctricos, que incluso en segmentos más elevados alcanzarán una reducción de emisiones respecto a los actuales del 50% para 2030.

En el informe también se hace mención a los constantes estudios negativos que intentan empañar la imagen del coche eléctrico. Estudios principalmente financiados por la industria del petróleo, y que minimizan el verdadero impacto que tendrá la electrificación del transporte a nivel de emisiones, pero también económico.