El sol brilla más que nunca en España. El lastre al autoconsumo compartido de energías renovables se ha evaporado y hoy los edificios de viviendas ya pueden producir y consumir electricidad de sus paneles fotovoltaicos. España por fin tiene una legislación similar a la de sus vecinos europeos. El cambio sustancial ha llegado con el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, aprobado en Consejo de Ministros el pasado octubre, que ponía fin a tres años a la sombra. En 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy levantó un muro de contención a las energías renovables prohibiendo el autoconsumo compartido e instaurando el polémico impuesto al sol. En 2017 el Tribunal Constitucional derogó la prohibición pero no lo legalizó, con lo que se creó un vacío legal que ha imposibilitado su despegue.
El nuevo marco normativo ha eliminado las trabas y tasas y ha simplificado la tramitación administrativa y técnica. Y, lo más importante, es que "hoy el autoconsumo compartido es posible y legal. Lo es, no solo entre vecinos de un mismo bloque, sino entre varios edificios de una misma manzana que quieran ahorrar en la factura", indica Joan Herrera, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). O entre un grupo de vecinos de varias fincas.
La Comunidad de Madrid publica una convocatoria de ayudas al autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial
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