El gran apagón del 28 de abril de 2025 no fue un accidente aislado. Aunque tuvo causas técnicas reales —oscilaciones de tensión, falta de inercia en la red y debilidades estructurales—, el debate posterior ha revelado algo más profundo: una pugna política y económica por el rumbo del sistema eléctrico español.
Lo técnico: vulnerabilidades que se hicieron visibles
Red Eléctrica de España (REE) ha detectado recientemente variaciones bruscas de tensión que podrían afectar la estabilidad del suministro si no se corrigen. Por ello ha pedido a la CNMC cambios urgentes en varios procedimientos de operación —programación, restricciones técnicas, regulación secundaria y control de tensión— para reforzar la red de forma inmediata.
También se plantea que las centrales renovables moderen o retrasen su inyección de energía, evitando picos de producción que puedan desestabilizar el sistema. Son medidas técnicas, pero con implicaciones políticas evidentes: afectan directamente a cómo se integra la generación renovable en la red.
Lo político: el relato y las responsabilidades
El apagón ha sido usado como arma política.
La oposición acusa al Gobierno de promover una “política energética ideologizada” que ha desmantelado la generación convencional sin garantizar estabilidad.
El Ejecutivo, en cambio, sostiene que se trató de un incidente técnico puntual, no de un fallo estructural, y defiende que la transición renovable es el camino correcto.
Mientras tanto, las empresas eléctricas presionan para obtener mayor flexibilidad regulatoria y compensaciones económicas por participar en el control de estabilidad.
Lo que hay detrás: lucha por el modelo energético
En el fondo, lo que está en juego no es un apagón, sino qué tipo de sistema energético tendrá España.
Un modelo altamente renovable y descentralizado, basado en almacenamiento y autoconsumo, requiere inversión pública y coordinación técnica; uno más híbrido, que mantenga parte de la generación convencional, prioriza la seguridad y los costes.
Ambos son válidos, pero los intereses políticos y económicos detrás son enormes: quién regula, quién invierte, y quién asume los riesgos.
Por eso cada incidente técnico se convierte en un episodio más de una batalla por el control del futuro energético.
En resumen
España enfrenta una doble tensión: eléctrica y política.
La estabilidad del sistema depende tanto de soluciones técnicas como de acuerdos institucionales que trasciendan la lucha partidista.
Los apagones, más que un fallo puntual, son el síntoma de un desacuerdo más profundo sobre cómo equilibrar tres fuerzas: seguridad, sostenibilidad y poder.