La batalla energética ya no está solo en generar más electricidad. El verdadero problema empieza a ser llevarla donde hace falta y cuando hace falta.
En una entrevista reciente, el consejero madrileño Carlos Novillo lanzó una advertencia poco habitual: la Comunidad de Madrid ya está perdiendo inversiones porque los proyectos no consiguen acceso a la red eléctrica a tiempo. Incluso afirma que algunos desarrollos ya se han desplazado fuera de España. (El Periódico de la Energía)
No es un problema menor. Madrid vive una avalancha de demanda asociada a centros de datos, inteligencia artificial, nuevos desarrollos urbanos e industria digital. La propia Comunidad lleva meses alertando de una planificación insuficiente y de una red cada vez más congestionada. (Comunidad de Madrid)
Pero aquí aparece una pregunta incómoda: ¿de verdad el problema es solo construir más líneas?
Porque levantar nuevas infraestructuras eléctricas requiere años de permisos, planificación y construcción. El crecimiento digital, en cambio, avanza a velocidad de meses.
Y ahí las baterías empiezan a cambiar las reglas.
Los sistemas BESS dejan de ser únicamente activos para arbitraje energético o servicios auxiliares. Empiezan a convertirse en herramientas de desbloqueo de capacidad.
reducir picos instantáneos de demanda;
suavizar perfiles de carga;
permitir conexiones flexibles;
absorber excedentes renovables;
retrasar inversiones multimillonarias en red;
aportar soporte de tensión y estabilidad local.
En otras palabras: transformar capacidad "insuficiente" en capacidad utilizable.
No es casualidad que mercados como EEUU o Reino Unido estén acelerando esquemas de "non-wire alternatives", donde almacenamiento y flexibilidad compiten directamente con nuevas líneas y subestaciones.
Además, el argumento encaja con otra realidad española: la saturación creciente de accesos y los recortes renovables. Construir más generación sin almacenamiento puede terminar ampliando un problema ya visible.
La cuestión quizá ya no sea cuánta energía podemos producir.
La pregunta es otra:
¿cuántas inversiones más puede permitirse perder España antes de asumir que el almacenamiento también es infraestructura crítica?
