La fotovoltaica generará más de 2.000 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha

Esa es la estimación del Ejecutivo castellano-manchego, que hizo ayer balance de la situación en la que se encuentra actualmente el parque fotovoltaico regional. Según los números publicados por la Junta de Castilla La Mancha, la administración regional ha tramitado por vía de urgencia 21 expedientes (salidos de la subasta que se celebró en julio de 2017), lo que supone dar licencia a la instalación de 890 megavatios: "esto supone tramitar más del 95% de las peticiones que el Ejecutivo regional tenía sobre la mesa, un total de 23".

Según el Ejecutivo regional, actualmente hay avales depositados en la Caja General de Depósitos de Castilla-La Mancha por valor de 130 millones de euros, "que avalan la posible instalación de 13.000 megavatios fundamentalmente en fotovoltaica y en eólica". La administración castellano manchega destaca, en un comunicado publicado ayer, "dos grandes líneas de actuación": una, de apoyo a la producción de energía eléctrica "con grandes proyectos"; y, en segundo lugar, "apoyo a pequeños proyectos de autoconsumo, ahorro y eficiencia y reducción de emisiones, dirigidos a pymes, familias y ayuntamientos".

En este sentido -concretan fuentes de la administración-, se han aprobado diferentes convocatorias a lo largo de esta legislatura "para pequeñas instalaciones de producción de energía eléctrica para autoconsumo de tecnología fotovoltaica y geotérmica, de sustitución de calderas y ventanas, de apoyo al vehículo eléctrico, de renovación del alumbrado público de los ayuntamientos, etcétera, que acumulan más de 5.500 solicitudes y una financiación de más de 10 millones de euros". En términos de empleo -continúa la Junta-, "de los más de 70.000 puestos de trabajo relacionados con las energías renovables a nivel nacional, más de 12.000 se encuentran en Castilla-La Mancha, y la tendencia para las próximas décadas es de un aumento exponencial en esta materia". Por fin, el Gobierno de García-Page estima que el despliegue de nueva potencia renovable en la región supondrá "importantes ingresos económicos para los ayuntamientos y particulares a través del IBI, impuesto de construcción, IAE y arrendamiento de los terrenos y democratización del sector eléctrico, pasando de ser controlado por unas pocas grandes empresas a participar multitud de pequeños promotores".

Castilla-La Mancha saca pecho por su liderazgo fotovoltaico en España

Castilla-La Mancha está a la cabeza del país en la instalación de energía fotovoltaica. La agilidad y rapidez de la Administración autonómica en la gestión de trámites, en algunos casos de menos de ocho meses, y las horas de sol en la región, han servido de atractivo para que las empresas energéticas hayan visto en la geografía regional un lugar idóneo para la instalación de fotovoltaica.

En relación con la subasta que se celebró en julio de 2017 por el Gobierno de España, el Gobierno de Castilla-La Mancha, de la mano de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en colaboración con las de Agricultura y Medioambiente y Fomento, ha conseguido tramitar por vía de urgencia 21 expedientes, lo que supone dar licencia a la instalación de 890 megawatios más. Esto supone tramitar más del 95% de las peticiones que el Ejecutivo regional tenía sobre la mesa, de un total de 23.

Con estos 890 megawatios, Castilla-La Mancha vuelve a ponerse a la cabeza en la generación de energía fotovoltaica en el país con un total de 3.600 megawatios. De estos, 923 megawatios ya estaban, a los que se suman los 890 de la última subasta y el resto que están en tramitación.

El apoyo que realiza el Gobierno de Castilla-La Mancha a las energías renovables está orientado en dos grandes líneas de actuación. Primero, en la producción de energía eléctrica con grandes proyectos, por un lado, y apoyo a pequeños proyectos de autoconsumo, ahorro y eficiencia y reducción de emisiones, dirigidos a pymes, familias y ayuntamientos.

Well to wheel efficiency

Cambio climático: se acabó la prórroga, vamos a los penaltis

“Yes, the planet got destroyed. But for a beautiful moment in time
we created a lot of value for shareholders”

El mejor momento para actuar frente al cambio climático con el objetivo de eludir los peores escenarios fue hace 30 años. Entonces ya sabíamos lo que estaba pasando. Sabíamos que nosotros éramos los causantes del calentamiento global que estaba experimentando el planeta y que la cosa iría a peor si no actuábamos de manera concluyente. Pero no actuamos. Y ha ido a peor.

Aquel año, y bajo el auspicio de la ONU y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: el famoso IPCC por sus siglas en inglés. Desde entonces este panel internacional de científicos al que pertenecen 195 países, elabora una serie de informes que son algo así como el “minuto y resultado” del cambio climático: cómo estamos, hacia dónde vamos y qué deberíamos hacer para adaptarnos y evitar lo peor.

Sus miembros, miles de investigadores de todo el mundo, están generando el conocimiento físico del calentamiento global: establecen la base científica, constatan sus efectos medioambientales y socioeconómicos y advierten a los gobiernos de los riesgos a los que nos enfrentamos.

Pero sus decisiones no son vinculantes para los políticos, quienes además participan de manera activa en el redactado final de los informes imponiendo sus matices y rebajando el tono para salvaguardar sus propios intereses. Es como si el ladrón participase en el redactado final de su sentencia.

Ahora sabemos, porque ya lo estamos viviendo (fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, megaincendios, deshielo polar), que el cambio climático iba en serio cuando nos lo dijeron, hace más de 30 años. Si hubiéramos empezado a actuar entonces no estaríamos donde estamos, ni estaríamos caminando hacia el abismo.

En lugar de eso decidimos acumular más ciencia, más conocimiento, más certezas. El cambio climático fue ganando presencia mediática: películas, documentales, discursos en la Asamblea General de la ONU, premios Nobel, cumbres mundiales, acuerdos, protocolos. Pero acción, acción climática, acción política, acción legislativa: de eso nada. Nada vinculante, nada obligatorio. Nada de compromisos ineludibles. Nada de sanciones, impuestos disuasorios ni cambios forzosos. 

Y aquí estamos, con toda la información sobre el desastre que se nos avecina pero sin ningún avance significativo para evitarlo. La calidad de vida de las generaciones futuras va a depender de lo que hagamos en las próximas tres décadas. Hemos agotado la prórroga del cambio climático: vamos a los penaltis.

PSOE y Podemos acuerdan en su pacto presupuestario el autoconsumo con balance neto

Estas son sus medidas más destacadas: 

1. autoconsumo con balance neto; 
2. un techo para la retribución del kilovatio hora generado por determinadas tecnologías (en alusión a la nuclear y la hidroeléctrica); 
3. garantía de una "rentabilidad razonable a largo plazo" para los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa (normativa de corte retroactivo aprobada por el Ejecutivo Rajoy y que supuso graves recortes a la retribución del kilovatio hora generado por instalaciones renovables); 
4. un plan de impulso a la repotenciación de las plantas renovables existentes; 
5. revisión de la factura con un horizonte: que el peso proporcional de la potencia decrezca y que el peso proporcional del consumo crezca (el Ejecutivo Rajoy subió el precio de la potencia hasta más de un 100% en algunos tramos); 
6. presentación en el plazo de cuatro meses de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética; 
7. establecimiento de la renta per cápita del hogar vulnerable como "único criterio" de adjudicación del bono energético (excepciones: dependencia, discapacidad y familias monoparentales); 
8. fondo de 50 millones de euros para las administraciones que trabajen en materia de pobreza energética; 
9. puesta en marcha de un plan de ayudas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido hasta 2020; 
10. puesta en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de cuatro años y con una movilización de 400 millones cada año; 
11. y potenciación de las comercializadoras municipales.

El acuerdo Gobierno-Podemos incluye un hachazo al beneficio extra de las eléctricas

El acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado firmado entre el Gobierno y Unidos Podemos incluye acabar con los "beneficios caídos del cielo" de las eléctricas. Se trata de una sobrerretribución que percibe la energía hidráulida -y en menor medida la nuclear- y que engorda los beneficios de las eléctricas. 

Desde hace más de una década, expertos próximos al PSOE llevan denunciando esta anomalía del mercado, que permite a una central hidráulica construida en época franquista y cuyo combustible es el agua -un bien público- cobrar el kilovatio al precio de una central de gas recién construida. 

La aprobación en el Congreso no será sencilla.

OCU; El autoconsumo ya es una opción de ahorro

Hace unos días, el Gobierno publicaba el Real Decreto Ley 15/2018 con una serie de medidas urgentes sobre el precio de la electricidad. Una de las más destacadas ha sido el reconocimiento del autoconsumo compartido como un derecho de los consumidores. La aprobación de esta nueva normativa es un gran avance para los usuarios que prefieren optar por esta modalidad de abastecimiento de energía.

¿Cuáles son las ventajas de esta nueva medida?

En primer lugar, esta iniciativa supondrá una reducción de los costes de instalación de las placas fotovoltaicas, cuyo precio medio rondaba actualmente los 800 euros. Asimismo, esta nueva medida implicará una mayor rapidez y sencillez a la hora de realizar los procedimientos necesarios para la legalización de las instalaciones.

Por último, la energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes, pudiéndose establecer mecanismos de compensación para los excedentes que se viertan a la red. Ahora bien, estos excedentes sí que estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción. Aun así, esta exención conllevará una reducción de los periodos de amortización, pasando de los actuales 15-18 años a los 8-10 años, y ayudará a que el autoconsumo pueda considerarse realmente un sistema de ahorro.

En definitiva, la aprobación de estas medidas, la simplificación de los trámites y el reconocimiento del derecho al autoconsumo compartido son un gran impulso para la producción de energía. Esta condición ayudará a equipar a los consumidores españoles con los del resto de Europa, garantizándoles así el acceso a una alternativa energética más barata y respetuosa con el medio ambiente.