Esa es la estimación del Ejecutivo castellano-manchego, que hizo ayer balance de la situación en la que se encuentra actualmente el parque fotovoltaico regional. Según los números publicados por la Junta de Castilla La Mancha, la administración regional ha tramitado por vía de urgencia 21 expedientes (salidos de la subasta que se celebró en julio de 2017), lo que supone dar licencia a la instalación de 890 megavatios: "esto supone tramitar más del 95% de las peticiones que el Ejecutivo regional tenía sobre la mesa, un total de 23".
Según el Ejecutivo regional, actualmente hay avales depositados en la Caja General de Depósitos de Castilla-La Mancha por valor de 130 millones de euros, "que avalan la posible instalación de 13.000 megavatios fundamentalmente en fotovoltaica y en eólica". La administración castellano manchega destaca, en un comunicado publicado ayer, "dos grandes líneas de actuación": una, de apoyo a la producción de energía eléctrica "con grandes proyectos"; y, en segundo lugar, "apoyo a pequeños proyectos de autoconsumo, ahorro y eficiencia y reducción de emisiones, dirigidos a pymes, familias y ayuntamientos".
En este sentido -concretan fuentes de la administración-, se han aprobado diferentes convocatorias a lo largo de esta legislatura "para pequeñas instalaciones de producción de energía eléctrica para autoconsumo de tecnología fotovoltaica y geotérmica, de sustitución de calderas y ventanas, de apoyo al vehículo eléctrico, de renovación del alumbrado público de los ayuntamientos, etcétera, que acumulan más de 5.500 solicitudes y una financiación de más de 10 millones de euros". En términos de empleo -continúa la Junta-, "de los más de 70.000 puestos de trabajo relacionados con las energías renovables a nivel nacional, más de 12.000 se encuentran en Castilla-La Mancha, y la tendencia para las próximas décadas es de un aumento exponencial en esta materia". Por fin, el Gobierno de García-Page estima que el despliegue de nueva potencia renovable en la región supondrá "importantes ingresos económicos para los ayuntamientos y particulares a través del IBI, impuesto de construcción, IAE y arrendamiento de los terrenos y democratización del sector eléctrico, pasando de ser controlado por unas pocas grandes empresas a participar multitud de pequeños promotores".
