El Gobierno de España acaba de hacer dos anuncios que pueden cambiarle la cara a todo el sistema energético nacional. Los anuncios en cuestión han llegado desde los dos lados del Atlántico. En Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado la adhesión de España a la coalición mundial Carbon Neutrality, que es una iniciativa que persigue alcanzar la neutralidad carbónica en el año 2050. Pues bien, casi simultáneamente, a este lado del Atlántico, en el Congreso de los Diputados, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba apenas unas horas después, el primer hito de esa ruta: “debemos facilitar –decía la ministra en el Congreso– la inclusión en el sistema eléctrico de alrededor de 7.000 megavatios de potencia renovable al año de aquí a 2030”. Siete mil... cada año. Para que nos hagamos una idea de lo que ello supone, pondremos solo un ejemplo. En 2017, o sea, el año pasado, España instaló menos de... 400 megas de potencia renovable.
“Queremos impulsar un cambio –ha dicho la ministra en sede parlamentaria– que conlleva una movilización superior a los 100.000 millones de euros pero con el que podríamos ahorrarnos 400.000 y generar beneficios adicionales asociados a innovación o industria”.
España gastó el año pasado en productos energéticos 40.000 millones de euros. Toda una millonada que enviamos allende las fronteras para pagar el petróleo de Nigeria, el gas de Catar o el carbón surafricano, combustibles fósiles todos cada vez más caros y cuya quema produce gases de efecto invernadero, desencadenantes de cambio climático. En fin, una factura descomunal que podemos ir aminorando si efectivamente aprovechamos como es debido las fuentes renovables de energía: el Sol, el viento, el agua, la biomasa...
