El auge de ‘los Verdes’ en Europa

El auge general de la extrema derecha ha solapado el notable aumento que han sentido distintos partidos ‘verde’ en varios parlamentos locales, regionales y estatales en las últimas semanas.

En las elecciones de Baviera (Alemania) del pasado domingo la Alianza 90/Los Verdes (GRÜNE) obtuvo 38 escaños, veinte más que en las últimas elecciones regionales, y se consagró como segunda fuerza de la Cámara de representación bávara. ‘Los verdes’ acogieron a más ex votantes del CSU que Alternativa para Alemania.

En Luxemburgo, donde hubo comicios el pasado fin de semana, el partido de izquierdas y ecologista fue la formación que más aumentó, volviendo a ser la llave del parlamento para el próximo Gobierno.

En Bélgica, los partidos ecologistas Ecolo y Groen fueron los protagonistas en las elecciones municipales del pasado domingo tras lograr los mayores progresos en las tres regiones del país.

En Islandia sucedió algo similar hace unos meses, cuando el Movimiento de Izquierda Verde de Katrin Jakobsdóttir se erigió como segunda fuerza de la Cámara y, posteriormente, formó parte del Gobierno.

En los Países Bajos, el partido de extrema derecha PVV de Geert Wilders fue segundo en las elecciones del pasado año. No obstante, hubo dos formaciones que crecieron a mayor ritmo que él. Los ‘verdes’ y los Demócratas 66, con 10 y 7 escaños más, respectivamente.

La revolución Verde se dispara a costa del hundimiento socialdemócrata en Europa

Los partidos verdes atraen a cada vez más votantes frustrados con los principales partidos tradicionales.

Las elecciones del fin de semana pasado en tres países europeos sugieren que, mientras los partidos históricos se hunden, los votantes progresistas se inclinan cada vez más por los Verdes.

Las renovables podrían ahorrarnos 400.000M€

El Gobierno de España acaba de hacer dos anuncios que pueden cambiarle la cara a todo el sistema energético nacional. Los anuncios en cuestión han llegado desde los dos lados del Atlántico. En Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado la adhesión de España a la coalición mundial Carbon Neutrality, que es una iniciativa que persigue alcanzar la neutralidad carbónica en el año 2050. Pues bien, casi simultáneamente, a este lado del Atlántico, en el Congreso de los Diputados, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba apenas unas horas después, el primer hito de esa ruta: “debemos facilitar –decía la ministra en el Congreso– la inclusión en el sistema eléctrico de alrededor de 7.000 megavatios de potencia renovable al año de aquí a 2030”. Siete mil... cada año. Para que nos hagamos una idea de lo que ello supone, pondremos solo un ejemplo. En 2017, o sea, el año pasado, España instaló menos de... 400 megas de potencia renovable. 

“Queremos impulsar un cambio –ha dicho la ministra en sede parlamentaria– que conlleva una movilización superior a los 100.000 millones de euros pero con el que podríamos ahorrarnos 400.000 y generar beneficios adicionales asociados a innovación o industria”. 

España gastó el año pasado en productos energéticos 40.000 millones de euros. Toda una millonada que enviamos allende las fronteras para pagar el petróleo de Nigeria, el gas de Catar o el carbón surafricano, combustibles fósiles todos cada vez más caros y cuya quema produce gases de efecto invernadero, desencadenantes de cambio climático. En fin, una factura descomunal que podemos ir aminorando si efectivamente aprovechamos como es debido las fuentes renovables de energía: el Sol, el viento, el agua, la biomasa...

La fotovoltaica generará más de 2.000 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha

Esa es la estimación del Ejecutivo castellano-manchego, que hizo ayer balance de la situación en la que se encuentra actualmente el parque fotovoltaico regional. Según los números publicados por la Junta de Castilla La Mancha, la administración regional ha tramitado por vía de urgencia 21 expedientes (salidos de la subasta que se celebró en julio de 2017), lo que supone dar licencia a la instalación de 890 megavatios: "esto supone tramitar más del 95% de las peticiones que el Ejecutivo regional tenía sobre la mesa, un total de 23".

Según el Ejecutivo regional, actualmente hay avales depositados en la Caja General de Depósitos de Castilla-La Mancha por valor de 130 millones de euros, "que avalan la posible instalación de 13.000 megavatios fundamentalmente en fotovoltaica y en eólica". La administración castellano manchega destaca, en un comunicado publicado ayer, "dos grandes líneas de actuación": una, de apoyo a la producción de energía eléctrica "con grandes proyectos"; y, en segundo lugar, "apoyo a pequeños proyectos de autoconsumo, ahorro y eficiencia y reducción de emisiones, dirigidos a pymes, familias y ayuntamientos".

En este sentido -concretan fuentes de la administración-, se han aprobado diferentes convocatorias a lo largo de esta legislatura "para pequeñas instalaciones de producción de energía eléctrica para autoconsumo de tecnología fotovoltaica y geotérmica, de sustitución de calderas y ventanas, de apoyo al vehículo eléctrico, de renovación del alumbrado público de los ayuntamientos, etcétera, que acumulan más de 5.500 solicitudes y una financiación de más de 10 millones de euros". En términos de empleo -continúa la Junta-, "de los más de 70.000 puestos de trabajo relacionados con las energías renovables a nivel nacional, más de 12.000 se encuentran en Castilla-La Mancha, y la tendencia para las próximas décadas es de un aumento exponencial en esta materia". Por fin, el Gobierno de García-Page estima que el despliegue de nueva potencia renovable en la región supondrá "importantes ingresos económicos para los ayuntamientos y particulares a través del IBI, impuesto de construcción, IAE y arrendamiento de los terrenos y democratización del sector eléctrico, pasando de ser controlado por unas pocas grandes empresas a participar multitud de pequeños promotores".

Castilla-La Mancha saca pecho por su liderazgo fotovoltaico en España

Castilla-La Mancha está a la cabeza del país en la instalación de energía fotovoltaica. La agilidad y rapidez de la Administración autonómica en la gestión de trámites, en algunos casos de menos de ocho meses, y las horas de sol en la región, han servido de atractivo para que las empresas energéticas hayan visto en la geografía regional un lugar idóneo para la instalación de fotovoltaica.

En relación con la subasta que se celebró en julio de 2017 por el Gobierno de España, el Gobierno de Castilla-La Mancha, de la mano de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en colaboración con las de Agricultura y Medioambiente y Fomento, ha conseguido tramitar por vía de urgencia 21 expedientes, lo que supone dar licencia a la instalación de 890 megawatios más. Esto supone tramitar más del 95% de las peticiones que el Ejecutivo regional tenía sobre la mesa, de un total de 23.

Con estos 890 megawatios, Castilla-La Mancha vuelve a ponerse a la cabeza en la generación de energía fotovoltaica en el país con un total de 3.600 megawatios. De estos, 923 megawatios ya estaban, a los que se suman los 890 de la última subasta y el resto que están en tramitación.

El apoyo que realiza el Gobierno de Castilla-La Mancha a las energías renovables está orientado en dos grandes líneas de actuación. Primero, en la producción de energía eléctrica con grandes proyectos, por un lado, y apoyo a pequeños proyectos de autoconsumo, ahorro y eficiencia y reducción de emisiones, dirigidos a pymes, familias y ayuntamientos.

Well to wheel efficiency

Cambio climático: se acabó la prórroga, vamos a los penaltis

“Yes, the planet got destroyed. But for a beautiful moment in time
we created a lot of value for shareholders”

El mejor momento para actuar frente al cambio climático con el objetivo de eludir los peores escenarios fue hace 30 años. Entonces ya sabíamos lo que estaba pasando. Sabíamos que nosotros éramos los causantes del calentamiento global que estaba experimentando el planeta y que la cosa iría a peor si no actuábamos de manera concluyente. Pero no actuamos. Y ha ido a peor.

Aquel año, y bajo el auspicio de la ONU y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: el famoso IPCC por sus siglas en inglés. Desde entonces este panel internacional de científicos al que pertenecen 195 países, elabora una serie de informes que son algo así como el “minuto y resultado” del cambio climático: cómo estamos, hacia dónde vamos y qué deberíamos hacer para adaptarnos y evitar lo peor.

Sus miembros, miles de investigadores de todo el mundo, están generando el conocimiento físico del calentamiento global: establecen la base científica, constatan sus efectos medioambientales y socioeconómicos y advierten a los gobiernos de los riesgos a los que nos enfrentamos.

Pero sus decisiones no son vinculantes para los políticos, quienes además participan de manera activa en el redactado final de los informes imponiendo sus matices y rebajando el tono para salvaguardar sus propios intereses. Es como si el ladrón participase en el redactado final de su sentencia.

Ahora sabemos, porque ya lo estamos viviendo (fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, megaincendios, deshielo polar), que el cambio climático iba en serio cuando nos lo dijeron, hace más de 30 años. Si hubiéramos empezado a actuar entonces no estaríamos donde estamos, ni estaríamos caminando hacia el abismo.

En lugar de eso decidimos acumular más ciencia, más conocimiento, más certezas. El cambio climático fue ganando presencia mediática: películas, documentales, discursos en la Asamblea General de la ONU, premios Nobel, cumbres mundiales, acuerdos, protocolos. Pero acción, acción climática, acción política, acción legislativa: de eso nada. Nada vinculante, nada obligatorio. Nada de compromisos ineludibles. Nada de sanciones, impuestos disuasorios ni cambios forzosos. 

Y aquí estamos, con toda la información sobre el desastre que se nos avecina pero sin ningún avance significativo para evitarlo. La calidad de vida de las generaciones futuras va a depender de lo que hagamos en las próximas tres décadas. Hemos agotado la prórroga del cambio climático: vamos a los penaltis.

PSOE y Podemos acuerdan en su pacto presupuestario el autoconsumo con balance neto

Estas son sus medidas más destacadas: 

1. autoconsumo con balance neto; 
2. un techo para la retribución del kilovatio hora generado por determinadas tecnologías (en alusión a la nuclear y la hidroeléctrica); 
3. garantía de una "rentabilidad razonable a largo plazo" para los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa (normativa de corte retroactivo aprobada por el Ejecutivo Rajoy y que supuso graves recortes a la retribución del kilovatio hora generado por instalaciones renovables); 
4. un plan de impulso a la repotenciación de las plantas renovables existentes; 
5. revisión de la factura con un horizonte: que el peso proporcional de la potencia decrezca y que el peso proporcional del consumo crezca (el Ejecutivo Rajoy subió el precio de la potencia hasta más de un 100% en algunos tramos); 
6. presentación en el plazo de cuatro meses de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética; 
7. establecimiento de la renta per cápita del hogar vulnerable como "único criterio" de adjudicación del bono energético (excepciones: dependencia, discapacidad y familias monoparentales); 
8. fondo de 50 millones de euros para las administraciones que trabajen en materia de pobreza energética; 
9. puesta en marcha de un plan de ayudas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido hasta 2020; 
10. puesta en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de cuatro años y con una movilización de 400 millones cada año; 
11. y potenciación de las comercializadoras municipales.