La autoproducción eléctrica es un derecho cívico y un instrumento clave a la hora de andar el camino de la transición energética hacia un sistema basado en 100% de energía renovable, que nos permita hacer frente a la realidad del cambio climático, reduciendo nuestra dependencia energética.
11 dic 2015
Una demanda contra el decreto de autoconsumo llegará a manos de la Comisión Europea la próxima semana
El Impuesto al Sol es discriminatorio,
ya que los autoconsumidores contribuyen más a cubrir los gastos del
sistema por kWh consumido de la red que un consumidor sin instalación de
autoconsumo. Ello va en contra del artículo 9 de la Ley del Sector
Eléctrico, que obliga a que los cargos sean los mismos a todo tipo de
autoconsumidores.
La normativa anti-autoconsumo vulnera la nueva Ley del Suelo y Rehabilitación Energética, que tiene como uno de sus principios fundamentales el fomento de la generación distribuida en edificios.
Las sanciones impuestas a los autoconsumidores por no registrar sus instalaciones y que pueden llegar hasta los 60 millones de euros, son contrarias al principio de proporcionalidad.
Las trabas
técnico-administrativas y económicas al autoconsumo son contrarias a las
Directivas de Renovables, de Eficiencia Energética y de Mercado
Interior de la Electricidad, que obligan a los Estados Miembros a fomentar la generación distribuida.
Al desincentivar el autoconsumo,
reconocido por la CNMC como uno de los elementos decisivos para alcanzar
el objetivo de renovables para 2020, España no llegará a cumplir sus compromisos internacionales (de hecho, ya va camino de no hacerlo) y vulnerará la Directiva de Renovables.
Así como los perfiles retroactivos que
nuevamente se saca de la manga el legislador, al imponer a las
instalaciones de autoconsumo en funcionamiento, unas obligaciones
desproporcionadas, inexistentes y cuando se pusieron en marcha.