Según señala el último informe publicado por Reuters, titulado "US clean power accelerates as tech demand soars", Goldman Sachs espera que estos centros representen el 8% de la demanda eléctrica del país para 2030, frente al 3% registrado en 2022. La consultora McKinsey eleva esta previsión hasta el 12%, lo que requiere la construcción de al menos 47 GW de nueva capacidad de generación. Asimismo, la Agencia de Información Energética de EE.UU., la demanda eléctrica crecerá entre un 15% y un 20% en la próxima década, marcando el mayor incremento desde principios de los 2000.
El crecimiento de la energía renovable enfrenta obstáculos en la capacidad de transmisión de la red eléctrica. Para evitar cuellos de botella, se están implementando soluciones tecnológicas como líneas de transmisión dinámicas, optimización de topología y plantas virtuales de energía (VPP).
Las compañías tecnológicas líderes, como Google, Amazon y Microsoft, están respondiendo a esta demanda con inversiones multimillonarias en energía limpia. A través de acuerdos de compra de energía (PPAs), garantizan el suministro de electricidad renovable para sus operaciones y evitan las largas esperas en las redes de interconexión, que actualmente acumulan una lista de espera de 2.600 GW en proyectos.
El almacenamiento energético también juega un papel clave. La instalación de baterías a gran escala está creciendo rápidamente, con una previsión de 172 GW de capacidad para 2030, frente a los 27 GW actuales. Empresas como Tesla Energy lideran este segmento con soluciones avanzadas como las Megapacks, que optimizan el rendimiento y reducen la dependencia de fuentes intermitentes como la solar y la eólica.
La reelección de Donald Trump, un crítico de las energías renovables, ha generado incertidumbre en el sector, pero los analistas creen que el crecimiento de la energía limpia seguirá siendo sólido gracias a los bajos costes y a las políticas estatales. Veinticuatro estados, junto con Washington D.C. y Puerto Rico, mantienen objetivos de energía 100% limpia, lo que protege al sector de posibles retrocesos a nivel federal.
