La descarbonización acelerada y masiva que precisa la respuesta de nuestro país a la crisis del clima en el marco de la transición energética de la Unión Europea exige un desarrollo de las energías renovables a gran escala, realizado lo más rápidamente posible y al menor coste. Eso sólo puede lograrse con amplias instalaciones renovables asentadas sobre un sistema centralizado eficaz y eficiente y sus correspondientes redes eléctricas. Lo anterior no se opone sino que se complementa con un apoyo decidido, firme, a la “generación distribuida”, una de las características singulares más relevantes de la transición energética en curso a nivel internacional, ya que otorga un papel activo y participativo a los ciudadanos/ consumidores de servicios energéticos, en lugar del tradicional papel receptor pasivo de los mismos. Conecta con una demanda social creciente de empoderamiento de la ciudadanía en el ámbito de la generación y consumo de los servicios energéticos.
Especialmente relevante, es el hecho de que la transición energética por la que ha apostado la Comisión Europea va en gran medida en esa dirección: se trata de ir desplazando el centro de gravedad del sistema energético desde un modelo centralizado, basado en la oferta, hacia un modelo descentralizado basado en la gestión de la demanda, es decir, en las decisiones de los consumidores a través del autoconsumo con renovables, autoconsumo compartido y micro-redes, almacenamiento local, contadores de balance neto, edificios 100% renovables y vehículos eléctricos, todo ello con el fin de descarbonizar la economía europea desde una amplia participación e involucración de la sociedad., poniendo al ciudadano/ consumidor en el centro del modelo.
Que países europeos con tasas de insolación mucho menores que España hayan desplegado de manera extraordinaria la energía solar mientras que, en nuestro país, instalar un tejado solar y un acumulador suponga enfrentarse en demasiadas ocasiones a un penoso proceso regulatorio y fiscal supone un contrasentido tan grande, que explica las reprimendas que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo han hecho llegar al gobierno, solicitando explicaciones por las múltiples trabas, barreras e impuestos establecidos a nivel legislativo para desincentivar el autoconsumo eléctrico, ya que suponen un contrasentido total respecto a la política de energía de la UE y más en un país con un nivel de insolación tan elevado como el nuestro.
