Las siete hermanas eléctricas, en un perfecto oligopolio en marcha, fijan el precio del megavatio en función de la famosa Ley de Oferta y Demanda (cuando interesa): más demanda, frote de las manos y precios escandalosos. Menos demanda, ajuste de las subastas y precios escandalosos (siguen frotándose las manos). Hasta llegar a los 114 euros por megavatio de estos días inmersos en una ola de calor.
Este escándalo eléctrico es de tal proporción que no vale que nadie se escude en el tú más, en el inicio de tal vergüenza nacional. Son los dos partidos, el Popular y el Socialista, los que han dejado pudrirse el asunto a lo largo de los últimos 20 años como contrapartida a las famosas puertas giratorias “Tú, déjame acomodo con buen sueldo y sin hacer nada como Consejero y nosotros, mientras estemos en el Gobierno, dejaremos hacer y no nos meteremos con vuestros astronómicos beneficios”.
Esta y no otra es la auténtica razón de que España tenga, permanentemente y a lo largo de los últimos 20 años, la tarifa más cara de la Europa de los 27. Un oligopolio en el que están mezcladas las tres principales eléctricas españolas, los gobiernos del PSOE y del Partido Popular a lo largo de las dos o tres décadas últimas y el Tribunal de Defensa de la Competencia que ha mirado hacia otro lado una y otra vez y que se ha limitado a poner multas simbólica, el chocolate del loro, para intentar demostrar que eran neutrales.
Vamos a analizar, paso a paso, el entramado eléctrico tratando de hablar en castellano y sin demasiado miedo a cuando haya que decir prevaricación, se diga prevaricación.