“Somos el primer país con una legislación
global contra el cambio climático”. Así de tajante y orgullosa cerraba
hace unos días la ministra de Ecología francesa, Ségolène Royal, la sesión de la Asamblea Nacional que aprobaba la Ley de Transición Energética. Con el apoyo de los ecologistas, el Gobierno de François Hollande
se ha equipado de una ambiciosa normativa para cambiar el modelo
energético promoviendo las fuentes renovables, el transporte limpio y la
edificación sostenible.
El principal partido de la oposición, la derechista UMP
(Unión por un Movimiento Popular) ha rechazado la norma por considerar
que será necesario cerrar 24 reactores nucleares en diez años.
El Gobierno francés pretende reducir en un 40% las emisiones de gas de efecto invernadero de aquí a 2030 y dividirlas por cuatro en 2050, que las energías renovables generen el 32% del total del consumo a finales de 2030 y dividir por dos el consumo de la energía final en 2050. En el país más nuclearizado del mundo en proporción al número de habitantes, la potencia actual de la energía nuclear queda congelada y no deberá suponer más del 50% de la producción de electricidad en 2025.