El Foro Económico Mundial, en su informe The Future of Electricity afirma que la generación distribuida, el almacenamiento local y el vehículo eléctrico ahorrarán a los países de la OCDE hasta 2,2 billones de euros en 10 años. Después de analizar 60 millones de edificios en EEUU, Google ha constatado que la viabilidad económica del autoconsumo se consigue en 4 de cada 5 edificios. La Comisión Nacional de Infraestructuras del Reino Unido estima en un ahorro de 10.325 millones de euros la revolución de la energía inteligente. Finalmente, la AIE y el IRENA han calculado que la transición energética hacia las renovables supondrá ahorros de entre 2 y 6 veces la cantidad invertida.
Todos los informes coinciden en que la combinación de las renovables, el autoconsumo y el almacenamiento tienen un impacto directo en ahorros significativos, viables tecnológica y económicamente. El artículo 16 de la Directiva 2009/28/CE de renovables, insta a los gobiernos a que garanticen que las tarifas aplicadas a las instalaciones renovables reflejen los beneficios en materia de costes que aportan por su conexión a la red.
Nuestra regulación no reconoce las externalidades positivas de las renovables ni de la eficiencia energética. Se ha diseñado un sistema eléctrico en el que cualquier forma de ahorro de energía, como la que representa el autoconsumo, se considera un sobrecoste porque reduce los ingresos del sistema y crea déficit tarifario. La sostenibilidad del modelo energético exige consumir cada vez más la energía más cara, que es el carbón y el gas. Cualquier alternativa se penaliza económicamente y con inseguridad jurídica.
La historia interminable del autoconsumo en España puede suponer un atraso de veinte años en nuestra transición energética. Veinte años más con la energía más cara, la mayor dependencia energética y la mayor contaminación atmosférica. ¿Quién paga eso?
