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| Imagen de sequía en Málaga. / EFE |
España es el segundo fabricante de automóviles de Europa y el octavo del mundo. En su conjunto, con fabricación y servicios, el sector emplea a 160.000 personas. Es, además, el tercer sector industrial por inversión en I+D, aglutina el 10% del total. Tiene mucho peso pero le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Las multinacionales del automóvil no han elegido a España para desarrollar el transporte del futuro. Es un hecho. El miedo se extiende y con el miedo, las presiones.
Sin embargo, el anuncio del departamento que dirige Teresa Ribera es coherente. Francia y Reino Unido han aprobado calendarios similares: prohibición de matriculación y venta de vehículos contaminantes a partir de 2040 y prohibición de circulación a partir de 2050. Dinamarca, Alemania, Irlanda y Holanda tienen plazos más ajustados. Y todo apunta a que la realidad superará todas las previsiones y el mercado adelantará los planes diseñados desde la política para recortar emisiones y frenar el calentamiento global.
En estos momentos, España supera en un 17% el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990. Ribera quiere que en doce años, las emisiones desciendan un 20% respecto a 1990, el año de referencia. Eso obligará a realizar un esfuerzo espectacular. Una de cada tres emisiones tiene que ser eliminada. No es un capricho. No es una ocurrencia de políticos vendehumos. El país se la juega. Literalmente. Por eso también hay fuego graneado –amigo en este caso- contra la ministra desde las asociaciones de renovables que piden más audacia.
El Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía Fatih Birol declaraba al diario 'The Guardian': “No hay espacio para construir nada que emita CO2". Realismo. Propio de ingenuos quizá, pero necesario.
