El pasado mes de mayo varios ciudadanos europeos y de otros países del mundo iniciaban acciones legales contra las instituciones de la Unión Europea por no protegerles adecuadamente contra los efectos del cambio climático. Aunque es la primera denuncia contra la UE por no limitar lo suficiente las emisiones de gases de efecto invernadero, no ha sido, ni mucho menos, la única interpuesta contra un gobierno, institución o empresa a lo largo de este año. Las demandas de este tipo son cada vez más frecuentes y varios analistas consideran que, gracias a los nuevos avances científicos, algunas de ellas pueden incluso llegar a ganarse.
En lo que llevamos de año se han presentado más de un centenar de nuevas demandas judiciales relacionadas con el cambio climático en todo el mundo, lo que hace un total de cerca de 1.400 casos iniciados durante la última década, según datos del Centro Sabin de Derecho sobre Cambio Climático.
Entre las denuncias que se han dado en Europa, la más significativa es la que se inició en Holanda en 2015. La demanda fue impulsada por la Fundación Urgenda y se presentó en nombre de casi 900 ciudadanos holandeses que exigían, al igual que en la reciente denuncia contra la UE, unos limites de emisiones más estrictos, tal y como respaldan los estudios científicos.
Pocos meses después, este caso se convertiría en un hito en la historia del derecho sobre cambio climático a nivel mundial, ya que el tribunal dictaminó que el gobierno holandés estaba actuando ilegalmente al no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25% para finales de 2020.
El tribunal tuvo en cuenta la reclamación en virtud de varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos que protegen el derecho a la vida y determinó que el gobierno holandés tiene "la obligación de proteger estos derechos de la amenaza real del cambio climático".
La sentencia, que fue ratificada el pasado 9 de octubre por el tribunal de apelación, se ha convertido en la primera a nivel mundial en ordenar a un estado que limite las emisiones de gases de efecto invernadero por razones distintas a las establecidas en su legislación.
