Según el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, las compañías que obtuvieron de la Administración una concesión para ocupar dominio público, usar agua y generar con ella hidroelectricidad, debían por ley destinar el 25% de su producción eléctrica o su valor monetario a las Confederaciones Hidrográficas.
El fin de ese 25% era en teoría la restitución del territorio afectado: “una obligación que estaba recogida de forma taxativa en el clausulado de las concesiones realizadas hace décadas”. Pues bien, según Podemos, estas empresas, la mayoría de cuyas instalaciones están completamente amortizadas, no habrían cumplido “con las obligaciones establecidas en su propio reglamento”. El Grupo Parlamentario ha registrado una moción en el Congreso instando al Gobierno a recuperar esas concesiones conforme vayan caducando.
