La comercializadora independiente de electricidad 100% renovable Holaluz está aprovechando la "explosión" que, según su fundadora y presidenta, Carlota Pi, está viviendo el autoconsumo doméstico fotovoltaico tras la aprobación, el pasado octubre, del Real Decreto Ley que abolió el polémico ‘impuesto al sol’ que implantó el Gobierno del PP.
Pese a que faltan por concretar aspectos clave de la letra pequeña del decreto, Holaluz, pionera en la puesta en marcha en España de este tipo de instalaciones, ha detectado desde octubre un incremento exponencial del interés de los usuarios. Su presidenta lo atribuye a la proliferación de ayudas que han puesto en marcha comunidades autónomas como Catalunya, Baleares y Madrid, y a las bonificaciones o exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) en muchos municipios.
"Nos llegan 150 peticiones de información a la semana, de las que unas diez acaban traduciéndose en ventas", asegura la presidenta de Holaluz, que explica que la instalación tipo es una pequeña planta con 3 kilovatios de potencia en una vivienda unifamiliar, cuyo coste total ronda los 4.000 euros.
Holaluz firmó a mediados de 2018 un acuerdo con la estadounidense Tesla para convertirse en instalador certificado de su famosa batería Powerwall. A la espera de que se clarifique el marco normativo de estos dispositivos, la empresa española no los está instalando, pero sí deja la preinstalación lista.
Está pendiente un desarrollo reglamentario con las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo, a través de un decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de sacar a consulta pública y que concretará, por ejemplo, el tratamiento de sus excedentes de energía. El borrador, "positivo", según el presidente de la patronal UNEF, José Donoso, incluye la posibilidad de compensar la energía sobrante con la red y con otros autoconsumidores, en distinto momento al que se produjo la energía, durante el plazo de un mes y sin sufrir penalización alguna, tal y como avanzó El Economista. (Ver más >)
