El Observatori del Deute en la Globalització (ODG) acaba de difundir un comunicado en el que anuncia el "Juicio Popular al Castor", al que califica como "el primer paso de una estrategia conjunta de la sociedad civil organizada, que apunta a abrir procesos para revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que recae sobre la ciudadanía a través de la factura del gas". El ODG pretende con esta acción "hacer incidencia política y mediática para exigir responsabilidades en el desastre Castor".
Los organizadores de este juicio les han enviado citaciones formales por burofax a:
1• la empresa Escal UGS/ACS (Actividades de Construcción y Servicios) y, de manera agravada, su presidente Florentino Pérez
como "acusados de la construcción del Proyecto Castor, donde los terremotos son sólo la punta del iceberg de una cadena de delitos ambientales, sociales y económicos a nivel local y global, como es la deuda generada, así como otros casos de megaproyectos impuestos e inútiles en el Estado español y fuera de éste, como es en países del Sur global";
2• el Gobierno español y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
como "acusados de prevaricación ambiental, mala administración y ayuda estatal encubierta; específicamente en relación a la ocultación de información relevante en relación al Proyecto Castor y no garantía del derecho a la información de la población; connivencia con la empresa (acompañó y aprobó costes sobredimensionados en el Proyecto y garantizó el cobro a través de las cláusulas del contrato), en lugar de garantizar el interés público".
3• el Banco Europeo de Inversiones
como "acusado de prevaricación ambiental, generación de deuda ilegítima y financiación del modelo de gas; específicamente en relación a hacer posible la refinanciación del Proyecto Castor gracias a la emisión de bonos, y financiar otras infraestructuras de gas en Europa con la misma lógica e impacto".
