La reciente decisión del Ayuntamiento de Madrid de exigir a sus proveedores de energía eléctrica que ésta sea de origen 100% renovable, avalada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, supone un cambio de paradigma y marca un punto de inflexión en el panorama energético español.
Las energías renovables llevaban demasiado tiempo esperando el favor administrativo que exige la UE para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones suscritos en el Acuerdo de París: un 40 % para 2030. Pero su momento parece haber llegado.
Cansadas de demostrar su sobrada solvencia para tomar el relevo de las fósiles y la nuclear, la eólica, la solar y el resto de fuentes limpias de energía han recibido un sonoro espaldarazo por parte del consistorio madrileño al adjudicarles un contrato de casi 83 millones de euros. Algo que, como ya han anunciado varios ayuntamientos, va a ser incorporado en sus próximos pliegos de condiciones.
