Un año después de la derogación del denominado impuesto al sol del PP, y cuando han pasado seis meses desde la aprobación (PSOE) de un Real Decreto para facilitar el despegue del autoconsumo, cobrar por los excedentes derivados de la energía no consumida que generan estas instalaciones es todavía una tarea casi imposible en España.
"Ahora mismo se tienen que dar una serie de carambolas", resume el empresario del sector de las renovables y experto en energía Jorge Morales de Labra, que alude a "un problema de descoordinación" y a "cuestiones procedimentales de mucho detalle que todavía hay que ajustar" y que conciernen a las comunidades autónomas, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al Ministerio para la Transición Ecológica, a Red Eléctrica y a las distribuidoras de electricidad.
Calibrar el boom
El registro estatal de instalaciones de autoconsumo que Transición Ecológica tiene previsto implantar va a estar destinado al "seguimiento de la actividad de autoconsumo de energía eléctrica, desde el punto de vista económico y su impacto en la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, al igual que su incidencia en el cumplimento de los objetivos de energías renovables y en la operación del sistema".
Permitirá por tanto calibrar el alcance del boom de estas instalaciones durante 2018, tras años de retraso de España con respecto a otros países con una regulación más proclive como Portugal, Alemania o Reino Unido, por citar los más cercanos.
A día de hoy, no hay datos de cuántos megavatios (MW) de autoconsumo hay instalados en España. La patronal UNEF prevé la instalación de hasta 400 MW este ejercicio, lo que prácticamente duplicaría los 235 que calcula que se instalaron en 2018. Lo que es seguro es que hay ya varios miles de instalaciones en marcha. Una de las empresas más activas, Holaluz (que ha anunciado su salida a Bolsa para finales de noviembre), ha asegurado que cerrará este año con unas 1.900 instalaciones en funcionamiento.
