Luces y sombras (alargadas) llenan el informe que presentó la Agencia Internacional de las Energías Renovables (International Renewable Energy Agency, IRENA) a mediados del pasado mes de marzo, informe que revelaba dos datos antagónicos: (1) los combustibles fósiles recibieron 1,3 billones de dólares USA en subsidios en 2022; y (2) las inversiones en energías renovables apenas superaron el medio billón de dólares USA en 2023. Es decir, que los gobiernos de todo el mundo siguen apostando con fuerza por las fuentes de energía que están causando el cambio climático que dicen combatir.
El informe de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) concluye que triplicar la capacidad de energía renovable depende de la superación de las barreras sistémicas y estructurales a la transición energética.
En concreto -apuntan desde IRENA-, para 2030 se debe instalar una media de casi 1.100 gigavatios de capacidad renovable al año, más del doble del máximo establecido en 2023 (los susodichos 473 GW).
Las inversiones anuales en generación de energía renovable deben aumentar desde los 570 mil millones de dólares estadonunidenses (570.000 M$) de 2023 hasta alcanzar el billón y medio promedio 2024-2030 (en concreto, 1,55 B$).
"Necesitamos urgentemente -ha dicho La Camera- un cambio sistémico que se aleje de los combustibles fósiles para corregir el rumbo y mantener el objetivo de triplicar al alcance".
Ahora mismo hay, según los datos de IRENA, 3.870 gigavatios de potencia renovable instalada en todo el mundo (3,8 teras). Y el objetivo 2030 es alcanzar los once teravatios de potencia renovable (11 TW), es decir, que habría que instalar en los próximos siete años 7,2 teras. Pues bien, según las proyecciones con las que trabaja la Agencia, ese objetivo seguirá estando fuera del alcance si no se interviene con urgencia en materia de políticas. Las naciones del G20, por ejemplo, deben aumentar su capacidad renovable de menos de 3 TW en 2022 a 9,4 TW para 2030, lo que representa más del 80% del total mundial.
En ese marco, los autores del informe consideran "imperativo"
(1) acelerar las inversiones en infraestructuras y gestión/operación de sistemas (por ejemplo, redes eléctricas, almacenamiento),
(2) revisar las políticas y marcos regulatorios (por ejemplo, el diseño del mercado de energía y la simplificación de los permisos),
(3) implementar medidas para fortalecer las cadenas de suministro,
(4) ahondar en la formación de la fuerza de trabajo que va a ser necesaria en esta transición),
(5) aumentar sustancialmente las inversiones, incluidos los fondos públicos facilitados a través de la colaboración internacional.