La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha elevado los objetivos de energía y clima para 2030 en los primeros debates sobre la revisión de las directivas del “paquete de invierno”, propuestos por la Comisión Europea hace un año. El objetivo de renovables pasa del 27% al 35% (12% para el transporte) y el de eficiencia energética del 30% al 40%, vinculantes para el conjunto de la UE, pero no para los estados miembros.
La falta de objetivos nacionales vinculantes y el margen del 10% que se da a cada país para cumplir el objetivo de renovables hacen difícil la vigilancia de su cumplimiento; sin embargo, el paquete aprobado por la UE es tan amplio que si se compara con las alegaciones presentadas por España se concluye que la mayoría de ellas no se ha tenido en cuenta y contradice de tal manera la regulación española que, a pesar de los matices, el paquete de invierno determinará un cambio de nuestro modelo energético.
Algunos ejemplos dejan en evidencia la actual regulación: el derecho al autoconsumo y al autoconsumo compartido con almacenamiento sin impuestos, tarifas o cargas; el derecho de los consumidores a asociarse en cooperativas de energía renovable sin condiciones o procedimientos injustificados; simplificación administrativa a proyectos renovables hasta 1 MW; sistemas estables y predecibles de apoyo a las renovables; estabilidad regulatoria, seguridad jurídica sin normas retroactivas; incremento de dos puntos porcentuales cada año de renovables en la calefacción y refrigeración y, sobre todo, el aumento de objetivos de renovables y eficiencia energética.
La oposición expresada en las alegaciones del Ministerio de Energía a estas medidas vuelve a poner de manifiesto la importancia decisiva de las directivas europeas en el progreso de las renovables y la eficiencia energética en España.
El Parlamento Europeo acordará en enero una resolución sobre las nuevas directivas y a partir de ese momento los gobiernos nacionales intentarán rebajar su alcance en el Consejo Europeo. Es el momento de trasladar ese debate a la opinión pública para que cuando las directivas entren en vigor poder exigir su transposición o demandar a las instituciones europeas y a los tribunales su cumplimiento. En contra de lo proclamado desde el Ministerio de Energía, los objetivos de energía y clima son la mayor oportunidad de crecimiento y de creación de empleo que tiene España a corto plazo.