Se trata de una medida con la que el Govern balear -a través de la Conselleria de Transición Energética, en manos de Podemos- pretende dar los primeros pasos en el abaratamiento del precio de la luz y la distribución de energía bajo criterios sociales y económicos para ir convirtiéndola en un nuevo nicho de oportunidades laborales e, incluso, en motor económico para la Comunidad Autónoma.
La clave principal de este proyecto se halla en la Ley del cambio climático y transición energética de las Islas Baleares, aprobada en febrero de 2019. Entre los objetivos de esta normativa precursora se encuentra el impulso de instalaciones de autoconsumo compartido que abastecerán a la población -especialmente a las familias en situación de vulnerabilidad-, a la administración y a las empresas en un radio de 500 metros.
