En su respuesta, el Ejecutivo argumenta que no impulsa la nuclear porque, entre otras razones, las centrales "utilizan un combustible que, una vez gastado, se convierte en un residuo de alta actividad y muy larga vida (miles de años), del que es imposible precisar el coste de su gestión definitiva, dado que, hasta ahora, esta no se ha llevado a cabo en ningún país occidental".
Si bien "los titulares de las centrales pagan a la empresa pública Enresa una prestación patrimonial destinada a la financiación de la gestión de estos residuos y el desmantelamiento de las centrales", esa falta de experiencia "hace que sea el Estado el que, finalmente, haya de asumir las incertidumbres económicas existentes en relación con el coste final de su gestión", recuerda el Ejecutivo.
Desde 2005 los reactores pagan una tasa para financiar la gestión de los residuos y el desmantelamiento, que hasta entonces se cargaba al recibo de la luz. Esta tasa, que en 2020 recaudó unos 480 millones, se incrementó a finales de 2019 un 19% (llevaba sin revisarse desde 2010), hasta 0,798 céntimos de euro por kilovatio hora generado, en el marco del cierre escalonado de los reactores entre 2027 y 2035 que pactó el Gobierno con las eléctricas.
Ahora las empresas, que dicen que los llamados beneficios caídos del cielo son un mito, aseguran que ese calendario está en peligro tras la aprobación de un decreto calificado de "intervención del mercado" por el sector, que "hará que numerosas centrales de generación incurran en pérdidas económicas significativas", según la patronal Aelec.
Las compañías han amenazado con un cierre unilateral y "desordenado" de los reactores, que dejarían de nutrir al fondo que financia a Enresa y pondrían en peligro los objetivos de descarbonización, por el papel de estas centrales (que no emiten CO2) como respaldo de las renovables mientras no exista una solución para almacenar la energía.
A cierre de 2020, el fondo que gestiona Enresa acumulaba algo menos de 6.600 millones, frente a los más de 23.000 millones en los que la empresa pública estima el coste de gestionar los residuos y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares hasta 2100. Esa cifra incluiría la construcción del almacén temporal para guardarlos. Enresa ha asegurado recientemente que su plan "sigue siendo disponer de un ATC" y ha avisado del posible "lucro cesante" para las eléctricas si no hay donde guardarlos en 2026 y las centrales tuvieran que parar.