Con la intención de mejorar la aceptación e inclusión de la sociedad en el proceso de la transición energética, ante los movimientos de oposición que están surgiendo en numerosas regiones y localidades y con el objetivo de conservar la biodiversidad, estas medidas de actuación deben ser aplicadas a todos los proyectos de renovables, incluidos los que se encuentran en estado de tramitación.
En definitiva, el objetivo no es bloquear los proyectos en tramitación o los que ya dispongan de autorizaciones administrativas, pero las diferentes Comunidades Autónomas deberán reevaluar su implantación y sus efectos según las diferentes zonas, teniendo en cuenta los criterios anteriores, con el objetivo de liberar a aquellos que cumplan los requisitos establecidos.
Nos estamos jugando alcanzar un modelo energético descarbonizado y ordenado a largo plazo. La única forma de conseguirlo no es basándose únicamente en un criterio de rentabilidad financiera para el inversor, sino en la aceptación y participación activa de toda la sociedad. (+)
