La Comisión Europea presenta esta semana sus planes para aumentar su competitividad industrial, mejorar el acceso a materias primas críticas y reformar su mercado eléctrico para que la Unión Europea compita con Estados Unidos y China en la carrera tecnológica de la nueva economía de emisiones cero.
Von der Leyen consideró la reunión “constructiva” y señaló que lograron encontrar soluciones a las tensiones que han marcado la relación transatlántica en los últimos meses tras la aprobación en EE.UU. de la llamada Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en inglés).
Esa ley de Washington, con sus 340.000 millones de euros en subsidios verdes a la producción local, fue el detonante del plan industrial con el que Bruselas quiere evitar que las empresas abandonen la UE atraídas por los masivas ayudas y la energía más barata que pueden ofrecer otras potencias a un sector en crecimiento.
Con China planeando invertir 260.000 millones de euros en el próximo lustro y Japón otros 140.000 millones, las primeras estimaciones apuntan a que la UE debería movilizar al menos 350.000 millones para el sector.
La respuesta más inmediata ha sido la relajación de las normas de ayudas públicas adoptada el jueves, que permitirá a los gobiernos europeos igualar las ayudas que Washington ofrece a tecnologías limpias con el objetivo de evitar la fuga de empresas a suelo estadounidense.
Será posible hasta final de 2025 como parte de la estrategia para no perder la carrera en la fabricación de productos esenciales para la transición verde como baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor o electrolizadores.
La UE entra así en una carrera de subsidios en un mercado cuyo valor se triplicará hasta los 600.000 millones de euros en 2030, según los cálculos de Bruselas, que el martes presentará una Ley de Industria de Emisiones Cero para fijar objetivos de producción de aquí a final de la década.
Bruselas quiere acelerar la concesión de permisos, fijando plazos estrictos para las administraciones y creando ventanillas únicas para reducir la burocracia, especialmente para proyectos considerados estratégicos, y prevé crear academias para formar a profesionales del sector.
El objetivo es que esté aprobada en un año, pero Berlín ha sugerido hacer unos pequeños ajustes ahora y acometer la reestructuración de calado tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.
