Siete centrales de carbón dejarán de operar hoy en España, al finalizar el período de vigencia del Plan Nacional Transitorio (PNT), un "plan-mecanismo de excepción" que utilizó el Gobierno Rajoy para permitir que las centrales de carbón pudiesen emitir hasta 15 veces más de lo que establecía como máximo la Directiva europea de Emisiones Industriales de 2010.
El informe Last Gasp, publicado en 2018, estima que esas centrales fueron responsables de 349 muertes prematuras en 2016.
Según la plataforma Un Futuro Sin Carbón, integrada por las principales organizaciones ambientales de España y miembro de la alianza europea Europe Beyond Coal, el cierre hoy de las 7 centrales ha sido propiciado por lo que denomina "una mezcla de factores". A saber: las políticas medioambientales, la situación del mercado energético (con un precio del CO2 más alto y un precio del gas más bajo, entre otros factores); las propias decisiones empresariales; y el reclamo social de lucha contra el cambio climático, que habría presionado (la opinión pública) sobre los demás actores y que habría sido movilizada a su vez por las oenegés, que llevan ya mucho tiempo alertando de que el carbón no tiene cabida en la transición energética y advirtiendo de que hay que apostar por las fuentes renovables -que ya son plenamente rentables – como solución para un medio ambiente limpio, un medio ambiente seguramente lejos del propiciado por las autorizaciones ambientales integradas impulsadas por el Ejecutivo Rajoy, autorizaciones que han permitido emisiones que quintuplican, sextuplican y hasta multiplican por 15 (véase tabla aneja) las emisiones límite tipo fijadas por la UE en su Directiva de 2010.
